La nueva secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, cree que el covid-19 «ha revelado con toda crudeza y agravado las desigualdades existentes entre los países» y, dentro de las fronteras nacionales, «ha puesto de relieve el tremendo desprecio de nuestros dirigentes por el bien común de la humanidad».

En la presentación del informe anual de la organización, Callamard ha hecho balance de «un mundo sumido en el caos», con sistemas sociales, económicos y políticos desmoronados que han servido indirectamente de caldo de cultivo para virus que son también políticos, evidenciados en medidas que la ONG considera «mediocres, engañosas, egoístas y falaces».

Según la responsable de AI, algunos líderes han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir el covid-19 y hay incluso quienes han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder. «En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos», destacó Callamard, al repasar casos como los de Hungría, donde el Gobierno ha introducido una reforma para castigar con hasta cinco años de cárcel la difusión de informaciones falsas.

Igualmente, países como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán han aprobado medidas similares que, según Amnistía, para lo único que han servido es para penalizar comentarios críticos contra los distintos gobiernos por la gestión de la pandemia.

También se han registrado casos de violencia policial en Filipinas, Nigeria o Brasil. En este último país, los abusos de las fuerzas de seguridad habrían aumentado durante la emergencia sanitaria y AI estima que la Policía mató entre enero y junio de 2020 a una media de 17 personas al día –más de 3.100 en total–-. En El Salvador y República Dominicana fueron más las personas detenidas que las contagiadas. En América Latina, donde se ha dado «una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio a los derechos humanos», aquellos grupos históricamente marginados han quedado en una mayor exposición al impacto del covid-19.

Para otros líderes, como el indio Narendra Modi o el chino Xi Jinping, la pandemia ha sido una oportunidad para desviar la atención de otras medidas controvertidas, como el allanamiento de viviendas y oficinas en el caso de India o la represión de minorías en Turkestán Oriental y la aprobación e leyes abusivas en Hong Kong en el caso de China.

Callamard apeló a la intervención de la comunidad internacional, recordando que instituciones como el Tribunal Penal Internacional (TPI) y los mecanismos de derechos humanos de la ONU «están ahí para obligar a rendir cuentas a los perpetradores, ya sean individuos concretos o estados».

«Tristemente, 2020 demostró que están atrapadas en un estancamiento político causado por líderes que intentan menoscabar las respuestas colectivas a las violaciones de derechos humanos y sacar provecho de ellas», lamentó la secretaria de Amnistía Internacional.