La proposición de ley presentada por Olivier Falorni, que contempla el derecho a «un fin de la vida libre y elegido», divide a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea francesa, que permitirán a sus representantes votar en conciencia.

El texto llegó ayer a la Cámara Baja en primera lectura, con la defensa del mismo por el grupo Libertades y Territorios (LT), del que forma parte Falorni.

Si fuese aprobado en su redacción actual, permitiría recurrir a una «asistencia médica activa en la muerte» a cualquier persona «capaz y mayor de edad, en fase avanzada o terminal de una enfermedad grave e incurable», que no pueda ser «apaciguada» o que sea considerada «insoportable» por la afectada.

«Los franceses están preparados, están esperando esta gran ley de la libertad», aseguró Falorni. De hecho, algunos sondeos muestran un amplísimo respaldo a la legalización de la eutanasia entre la población, en algunos casos superior al 80%.

También ha sido amplio el respaldo cosechado por Falorni en el Palacio Bourbon, ya que cerca de 270 diputadas y diputados, de todos los colores políticos, respaldan la iniciativa. Por tanto, no están lejos de la mayoría absoluta, establecida en 289.

Pero sus oponentes tenían intención de impedir su adopción aprovechándose del limitado tiempo de los debates –que se cortan a medianoche– al presentar una auténtica avalancha de enmiendas: más de 3.000, de las cuales 2.300 eran de un puñado de diputados de derecha. Una «obstrucción» denunciada a voz en grito por los partidarios de la aprobación, a la que los opositores respondieron con el «derecho imprescriptible» a presentar enmiendas.

El Gobierno no mueve ficha

Muchos electos han lamentado en los últimos días que la tramitación de una proposición que plantea una cuestión de este calado social quede bloqueada por el “truco” al que ha recurrido un grupo minoritario de oposición –18 diputados de diversas tendencias políticas–, lo que no sucedería si se tratase de un proyecto elaborado por el Gobierno, con el correspondiente estudio de impacto y el respaldo del Comité de Ética.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha mostrado pocos ánimos para legislar este tema. En la campaña presidencial de 2017, Emmanuel Macron no se comprometió a ello, aunque entonces comentó que personalmente preferiría poder elegir su final de vida.