Iñaki IRIONDO

La pregunta es ¿por qué?

El Gobierno de Urkullu y Tapia insiste en conducir en sentido contrario y seguir adelante con sus planes en el pozo de Subilla, a pesar de que hasta su propio socio, el PSE, le hace señales de que va a ninguna parte. Aunque hubiera gas estaría ya prohibido explotarlo y si, pese a todo, encontrara un requiebro de ley para hacerlo, quienes saben dicen que serían necesarias innumerables (y carísimas) perforaciones para sacarlo. Entonces, la cuestión clave es el porqué de esta obcecación.

La sociedad que pidió la licencia está compuesta al 44% por la pública Shesa, que es la «operadora» del permiso, y los socios privados Petrichor Euskadi (36%) y Cambria Europe (20%). En alguna ocasión, Arantxa Tapia ha dejado entrever que al llegar incluso a recurrir ante los tribunales la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Gasteiz, lo que pretenden es evitar algún tipo de petición de indemnización por parte de sus socios que entendieran que no habían hecho todo lo posible para defender sus derechos.

Otras veces, la propia consejera ha defendido que no se apean del proyecto «para mantener el control público» del mismo. Aunque el contrato privado entre empresas recogiera que si alguna de las partes se retira sus acciones deben repartirse entre las otras, es difícil creer que Petrichor y Cambria quieran seguir solos en un proyecto abocado a la nada.

Todo el resto de partidos está en contra, el alcalde de Gasteiz se ve obligado a mantenerse en el «no» y el PNV alavés está ya resignado... entonces ¿a qué se debe esta obstinación del Ejecutivo de Urkullu y Tapia? Esa es la respuesta que deben a la ciudadanía.