Diyarbakir, 21 de marzo. Después de varias semanas de confinamiento, la población, mayoritariamente kurda, se prepara para celebrar Newroz –el nuevo año kurdo– con ansiedad. Una angustia que no sólo va ligada a la pandemia: la represión que sufre el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) parece haber avanzado recientemente a su siguiente fase. Los golpes que recibe son incesantes: destituciones de alcaldes, procesos viciados, retirada de la inmunidad parlamentaria a diputados, oleadas de detenciones entre las filas de asociaciones simpatizantes... En éste Newroz, el diputado Ömer Faruk Gergerlioglu fue arrestado, al amanecer, en la sede del partido en el edificio del Parlamento turco.

Las principales arterias de Diyarbakir se ven “adornadas” con centenares de banderas turcas, acompañadas del retrato del Presidente Recep Tayyip Erdogan, y también se observa un buen número de vehículos blindados. Como de costumbre, el lugar donde se celebran las festividades del Newroz es sometido a estrictos controles de acceso y vigilancia: esta celebración es una ocasión única para que la población reivindique su identidad kurda. Al mediodía, cualquier duda sobre la afluencia se disipa: varios centenares de miles de personas se reúnen para una celebración que se va a convertir en una inmensa demostración de apoyo al HDP. Las coloridas vestimentas y el ambiente festivo contrastan con la gravedad del momento.

Motivación política

En el aroma de rabia que envuelve el Newroz de este 2021 tiene mucho que ver el anuncio realizado solo cuatro días antes: el fiscal general del Tribunal de Casación remitió al Tribunal Constitucional un acta de acusación de 609 páginas para pedir la prohibición del HDP. En él expone los presuntos vínculos entre la formación y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), etiquetado organización terrorista por Turquía, la UE y EEUU. Además, la Fiscalía también pidió la inhabilitación de 687 personas afiliadas al HDP durante cinco años. Un golpe duro, por no decir fatal. «¿Es el HDP acaso una tienda, que quieren cerrar? El HDP es el pueblo, es la garantía de vivir libres y en paz en este país», clama Mithat Sancar, co-presidente del HDP, desde la tribuna. La multitud clama también, exultante.

«Es imposible considerar este proceso de ilegalización como una decisión meramente jurídica. Responde a un claro mandato político», argumenta el abogado Mehmet Metin Aktar, que ha defendido a varios altos cargos del partido. ¿Quién quiere la cabeza del HDP? Si bien el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantiene la discreción en esta cuestión, no se puede decir lo mismo de sus aliados del Partido de Acción Nacionalista (MHP). Desde hace varios años, los líderes de esta formación ultranacionalista turca no cesan de reclamar la ilegalización del HDP, al que consideran «una amenaza para la supervivencia del Estado». Y a dos años de unas nuevas elecciones presidenciales, y condicionado por su alianza con el partido de extrema derecha, Erdogan no parece tener los medios, pero tampoco las ganas, de oponerse a las voluntades de sus aliados.

Las acusaciones no son una novedad. Hasta siete han sido los partidos ilegalizados anteriormente por ser considerados el «escaparate legal» del PKK. Con el HDP, el asunto toma otro cariz. El partido, en la actualidad tercera fuerza política del país, ha conseguido liberarse de su tropismo kurdo, consiguiendo con ello implicar a miembros de la izquierda radical turca, militantes por la defensa de los derechos humanos, representantes de minorías religiosas o sexuales, sin perder su base electoral.

Una apuesta audaz y exitosa que convirtió al HDP en una preocupación política importante para Erdogan. Y aunque el partido niega toda connivencia con el PKK, está en la posición del eterno culpable. «Nuestra posición es clara sobre la violencia. Como partido político, estamos y seguiremos estando en contra de toda forma de violencia. La cuestión kurda debe resolverse democráticamente», afirma la abogada y diputada Meral Danis Bestas, que también fue directora de la sección turca de Amnistía Internacional. «Este procedimiento nada tiene de jurídico, es puramente político», añade.

El «ejemplo» de Batasuna

En este empeño, los sectores más reaccionarios de Turquía han encontrado un útil precedente en la ilegalización de Batasuna. Por ejemplo, la Fiscalía del Tribunal Supremo destaca la decisión tomada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en 2009 avaló la decisión de la justicia española, adoptada en 2003. La analogía es clara: el HDP sería al PKK lo que, según la justicia española, Batasuna era a ETA. Un argumento cínico que se difundió rápidamente en el país. «Es ridículo, en primer lugar, porque los que hablan de la prohibición de Batasuna no saben de lo que están hablando. Y porque, además, olvidan que Turquía fue condenada en esa misma época por la disolución de otros partidos kurdos. Están haciendo una comparación fuera de contexto, sugiriendo que una decisión del mismo tipo sería aprobada por el TEDH”, explica el diputado del HDP Hisyar Özsoy.

Y es que no son pocos los reveses del TEDH a Turquía. Sin ir más lejos, en diciembre de 2020 rechazó la detención del excandidato presidencial del HDP, Selahattin Demirtas, que sigue encarcelado.

Aunque nadie alberga demasiadas esperanzas acerca de la suerte que correrá el HDP, el 1 de abril el Tribunal Constitucional turco rechazó la acusación vertida sobre el partido, alegando vicios de procedimiento. Pero este giro ha de relativizarse. Una vez actualizados los detalles que faltan, el fiscal general del Tribunal de Casación probablemente reanudará con celeridad las acusaciones contra el HDP. «La historia nos ha demostrado que cuando la justicia obedece órdenes políticas, llega hasta el final», analiza un periodista turco, desde el exilio. «Lamentablemente, el procedimiento no ha sido rechazado, tan solo ha sido suspendido», afirma Meral Danis Bestas.

La paz, frágil reto

Con 5.000 personas en prisión, es casi un milagro que el HDP aún se mantenga operativo. Visitamos a Berivan Helen Isik en su casa de Siirt, donde la exco-alcaldesa de la ciudad, destituida en mayo de 2020, se encuentra en prisión domiciliaria. «No he sido juzgada, ni siquiera sé de qué se me acusa. He estado encarcelada en mi casa durante meses, he sido acosada por llamadas telefónicas en plena noche durante semanas. Turquía es hoy una prisión abierta», afirma. Igual que ella, 60 de los 65 alcaldes del HDP elegidos democráticamente en marzo de 2019, durante las elecciones legislativas, han sido destituidos y reemplazados por personas afines al poder central.

A dos años de las próximas elecciones presidenciales, y ante ataques de tal magnitud, el HDP parece verse acorralado: «Es cierto que pretenden que el HDP no se encuentre en condiciones de funcionar ya antes de las elecciones. Pero hay un mal mucho mayor: quienes ostentan el poder están impregnados de una ideología nacionalista y racista, y atacan a los kurdos en cualquier ocasión, hayan elecciones o no», explica el diputado Hisyar Özsoy.

Para el HDP, nada es simple: en el momento en el que hace equilibrismos entre su ala dura y su deseo de integrarse en la vida política del país para aumentar su importancia, una prohibición total de sus actividades podría tener consecuencias catastróficas. «Representamos a más de seis millones de votantes. La ilegalización sería un ataque a la vida democrática en Turquía. Cuando se cierran espacios democráticos para que la gente se exprese, el riesgo es que la gente opte por otras maneras de funcionar. El gobierno turco, en su afán por querer acabar con el HDP, envía así a los kurdos un mensaje muy negativo: la vía democrática no funciona», concluye Hisyar Özsoy.