La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, exigió ayer a Lakua que la futura ley del sector público permita «impulsar procesos de consolidación» del empleo que «atiendan la realidad específica» de cada administración y «sean acordados» con la representación sindical «vía negociación colectiva».

Aranburu hizo estas declaraciones a los periodistas al término de la asamblea de delegados del sector público que la central abertzale celebró ayer en el Kursaal. Unos 130 representantes participaron en la reunión, en la que abordaron la situación de los servicios públicos en la CAV y prepararon sus recursos para la jornada de huelga en el sector, el próximo día 22, convocada de forma conjunta por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, SATSE, Steilas y ESK.

«Exigimos al Gobierno Vasco que haga una ley propia para que con ella podamos impulsar procesos de consolidación en cada administración, atendiendo a su realidad específica, y que esos procesos sean acordados con la representación sindical vía negociación colectiva», señaló la líder de LAB, tras recalcar que este sindicato «lleva años denunciando» la situación laboral del sector público, así como «la política de privatizaciones y la falta de inversiones».

Aranburu advirtió, además, de que «la falta de calidad» del empleo público y «las condiciones laborales» de sus trabajadores, «están totalmente ligadas a la calidad del servicio» que se presta a los ciudadanos.

Después de que, «en los últimos meses», hayan salido a la calle trabajadores de sanidad, educación y servicios sociales, entre otros, Aranburu destacó que ahora «toca dar otro salto más», el de los trabajadores del sector público, a los que llamó a secundar la huelga el próximo día 22. Según recordó, entre sus reivindicaciones, destaca la creación de «más empleo público», dado que actualmente en la CAV «existen 20.000 puestos de trabajo estructurales que no están reconocidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)», una situación «de irregularidad que se tiene que solventar».

La secretaria general de LAB exigió también que «se reduzcan los ratios» creando empleo, para que se ponga fin a «los altos ritmos de trabajo» que padecen «sobre todo algunos servicios», así como «estabilidad para los 50.000 trabajadores del sector público que están en situación de temporalidad».

Aranburu consideró que «no se puede seguir esperando a lo que pueda llegar de Madrid», ni tampoco «quedarse mirando a los juzgados», puesto que «las sentencias que vienen de Europa ya dicen que hay una situación irregular y fraudulenta», por lo que reclamó al Ejecutivo de Iñigo Urkullu «una ley propia» que regule el sector público en la CAV.

Tras sus declaraciones, Aranburu y los delegados de LAB se dirigieron en manifestación desde el exterior del Kursaal hasta la sede del Gobierno de Lakua en Donostia, encabezados por una pancarta con el lema «Enplegu publikoa sortu eta egonkortu».