Lakua anunció ayer el acuerdo para la transferencia de cuatro nuevas competencias, entre las que destaca la de prisiones. El pacto llega tras innumerables anuncios frustrados, y pasados 42 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, por lo que sobra cualquier triunfalismo desmedido. Dicho esto, es igualmente pertinente señalar que la asunción de la competencia de prisiones es una buena noticia, o quizá, mejor dicho, una noticia importante.

La buena noticia llegará si, efectivamente, logra ponerse en marcha una política penitenciaria diferente, alejada del enfoque punitivista y vengativo que predomina en el Estado español, y que tenga siempre en mente que una condena a prisión implica una privación de la libertad –como si fuera poco–, y no un descenso a los infiernos. En el capítulo referido a las consecuencias del conflicto vasco, a la CAV le corresponderá gestionar la situación de los presos que, demasiado lentamente, están siendo trasladados a las cárceles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Conviene no hacerse demasiadas ilusiones, dado que la Justicia española se guardará en estos casos la última palabra, pero el margen para acabar con la excepcionalidad y aplicar una política penitenciaria acorde a unos tiempos sin conflicto armado es amplio. Así lo recuerda hoy el comunicado remitido por EPPK con motivo del Día Internacional del Preso Político.

Además de una noticia importante, la transferencia de prisiones es, ante todo, una enorme responsabilidad. Primero ante quienes se ven privados de libertad, y segundo ante la sociedad vasca. Un modelo penitenciario es un retrato un tanto incómodo de lo que un país aspira a ser. Josu Erkoreka habló ayer de cambio de modelo. Es crucial hacerlo bien, y los precedentes plantean dudas. La sanidad penitenciaria es competencia de Lakua desde 2011, y el historial de Zaballa muestra deficiencias serias. El Servicio Vasco de Gestión de Penas sufre también un importante colapso. Es necesario –y posible– hacerlo mucho mejor.