El nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente, Nayib Bukele, tomó posesión el sábado y arrancó la legislatura con la destitución de jueces enfrentados con el gobernante y al fiscal general, en una decisión considerada «inconstitucional» por el Tribunal Supremo, un «golpe de Estado legislativo» por el opositor Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder.

El Parlamento retiró del cargo a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a sus suplentes, que habían sido designados por el Legislativo saliente, controlado por la oposición a Bukele. De inmediato, se nombró a sus sustitutos, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones.

La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias «arbitrarias».

Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon «la inconstitucionalidad del decreto de destitución» y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado.

«Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!", enfatizó Bukele tras aprobarse las destituciones.

Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El Tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales.

En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.

La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, habeas corpus y controversias entre los poderes del Estado.

El secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, explicó a través de Twitter que el presidente salvadoreño «consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo».

Después, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, propuso debatir la salida del fiscal general, Raúl Melara, al considerar que «quedó en entredicho su independencia e imparcialidad» necesarias para ejercer el cargo, al haber sido vinculado con el opositor Arena (derecha).