GARA
BOGOTÁ

Letal respuesta de Duque a las protestas en Colombia

El Gobierno colombiano ha respondido con la represión del cuestionado Esmad de la Policía y del Ejército a la movilización social que ya ha forzado la retirada de la ley tributaria pero que continúa. En seis días de protestas, ya son 16 las personas muertas, según la Defensoría del Pueblo, aunque otros organismos elevan la cifra a más de veinte.

Las muertes en las protestas sociales que está viviendo Colombia han evidenciado que el modelo económico que provocó la movilización de hace dos años y el modelo represivo con el que respondió el Gobierno colombiano se mantienen en las mismas condiciones o incluso se han agravado después de verse interrumpida por la pandemia.

La Defensoría del Pueblo de Colombia admitió ayer la muerte de 16 personas y cientos de heridos por la represión de las protestas que en los últimos seis días se llevan a cabo a diario contra la reforma fiscal y la política económica del Gobierno de Iván Duque.

El Gobierno no solo ha utilizado al cuestionado Esmad (Escuadrón Móvil de Antidisturbios), sino que ha sacado al Ejército a las calles.

La mayoría de los fallecidos son jóvenes alcanzados por disparos de la Policía en ciudades como Cali e Ibagué, según diversos organismos.

Durante el fin de semana, activistas en redes sociales elevaban la cifra de fallecidos por encima de la treintena y el comité promotor de las protestas también divulgó ayer cifras más altas que la Defensoría.

«Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia», señaló.

Además, documentó 726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes que han perdido sus ojos por impactos de proyectiles, y que a más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo.

La ONG Temblores aseguró que durante las jornadas de protestas han muerto 21 personas, 92 han sido víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y otras 672 han sido detenidas arbitrariamente.

La organización investiga en particular la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías y ha documentado cuatro denuncias de violencia sexual por las que son señalados miembros de la fuerza pública.

Frente a estas denuncias y a numerosas imágenes y vídeos que documentan los ataques policiales, el Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, responsabilizó a la «amenaza terrorista». «Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y el ELN» indicó.

Las protestas comenzaron el pasado miércoles en las principales ciudades del país, y la movilización ha logrado forzar al Gobierno a retirar la reforma tributaria y debatirla de nuevo en el Parlamento. Este proyecto aumentaba los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 % a los servicios públicos, entre otras medidas polémicas.

Ley de salud y otras demandas

Pero las demandas van más allá y las protestas continúan contra la política económica del Ejecutivo colombiano y reclaman también la retirada del proyecto de ley sanitaria.

De hecho, el Comité Nacional de Paro llamó a continuar las acciones y a una gran movilización para mañana.

A las demandas fiscales y sobre la ley de salud, se suman la exigencia de que el Gobierno respete las libertades democráticas y las garantías constitucionales de movilización, además de que cesen las masacres, desmilitarice las calles, castigue a los responsables y desmonte el Esmad

Como en 2019, las reivindicaciones transversales se refieren también a ámbitos de la educación, medioambientales, la vacunación, la renta básica o el empleo, entre otras.

Ayer, taxistas y camioneros se sumaron bloqueando carreteras con sus vehículos en Bogotá contra un proyecto de ley que reglamenta las aplicaciones digitales de transporte de pasajeros, iniciativa que ya fue rechazada por el Congreso.

También camioneros bloquean la zona de Siberia, en las afueras de Bogotá, y los accesos a Zipaquirá, localidad cercana a la capital colombiana, así como otras vías de comunicación.

Los camioneros, que apoyaron las protestas contra la reforma tributaria, manifestaron que también seguirán movilizados contra otras iniciativas del Gobierno, como la reforma de la salud, el aumento de combustibles y de los peajes.

Exmilitares rechazan que se use al Ejército

Un grupo de militares retirados, agrupados en la organización Corporación Veteranos por Colombia, rechazaron la utilización de soldados en las calles para enfrentarse a las protestas y pidieron al Gobierno «que escuche los problemas de la gente». Estos exmilitares subrayan que conocen las «capacidades y debilidades» de las fuerzas armadas y que los soldados están entrenados «para el combate rural antisubversivo y no para contener la protesta social, lo cual pude ser determinante en la violación de los derechos humanos». Este grupo hace hincapié en que el armamento del Ejército es de «alta letalidad» y responsabiliza al ministro de Defensa, Diego Andrés Molano, de «posibles faltas, errores y violaciones de derechos humanos que cometan miembros del Ejército».

Además, sostiene que el Estado no garantiza protección jurídica a los soldados, recordando que acusados de ejecuciones extrajudiciales fueron presionados para autoinculparse y proteger a sus superiores. GARA