Al menos 25 personas murieron el jueves en una favela de Río de Janeiro durante una operación policial, la mayor masacre en la historia de la metrópoli brasileña. La favela de Jacarezinho, en el norte de Río, se convirtió en un campo de batalla en la madrugada del jueves en una operación antidrogas.

Los testigos informaron de cadáveres tirados en callejones sobre charcos de sangre y numerosos cuerpos cargados en un vehículo policial blindado.

La Policía confirmó la muerte de «24 sospechosos» y un agente, y aseguró que siguió «todos los protocolos» para abrir fuego.

Pero Silvia Ramos, coordinadora de la ONG Red de Observatorios de Seguridad Pública, denunció «una operación mal planificada que, tras la muerte de un policía, se transformó en una operación de venganza».

«¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la Policía habla de 24 sospechosos. Solo hay que ser negro y vivir en una favela para convertirse en sospechoso. Para un operativo legal, el de Jacarezinho rompe todos los récords» de víctimas, afirmó, recordando masacres cometidas por venganza por policías fuera de servicio en otros barrios en 1993 (22 muertos) y en 2005 (31 muertos).

Una residente relató cómo vio a un joven tiroteado dentro de su casa, donde se había refugiado tras resultar herido. «El niño llegó baleado y herido. La Policía vio sangre y entró gritando: ¿dónde está, dónde está? Solo tuve tiempo de llevar a mis hijos a la parte de atrás mientras lo mataban en el dormitorio», señaló. Otros vecinos insistieron en que fueron ejecuciones y no hubo intercambio de disparos.

La operación se llevó a cabo a pesar de un fallo del Tribunal Supremo que prohíbe a la Policía allanar las favelas de Brasil durante la pandemia, excepto en «circunstancias absolutamente excepcionales».

La ONU teme que las autoridades ahora traten de ocultar pruebas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió «informes preocupantes según los cuales la Policía no tomó medidas para preservar las pruebas en la escena del crimen, lo que podría obstaculizar las investigaciones». Human Rights Watch exigió que «la Policía conserve la escena de los hechos, sin tocar los cuerpos, hasta el final de las investigaciones».

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró «inaceptable que la Policía siga confiando en la muerte como estrategia principal» y añadió que «es responsable de la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año».

Manifestantes pidieron ayer justicia ante la sede policial. «Fue una completa masacre que forma parte del genocidio que está en curso en nuestro país, y principalmente en nuestro estado», denunció una de las participantes

El operativo, en el que participaron unos 200 uniformados durante nueve horas, fue calificado de «exitoso» por la Policía Civil, que negó las acusaciones de abusos y afirmó que la acción fue planificada, autorizada y supervisada por el Ministerio Público. Según la Policía, el objetivo eran narcotraficantes del Comando Vermelho («Comando Rojo»), la mayor banda de narcos de Río. Afirmó que trataba de identificar a pandilleros «encargados de asegurar la dominación territorial» que «habían establecido una estructura de tipo militar con cientos de ‘soldados’» armados.