El Paro Nacional y las protestas prosiguen en Colombia y con ellas la represión policial y de grupos armados civiles. El clamor «Nos están matando» ha traspasado las fronteras de Colombia, en gran medida gracias a las redes sociales, y ha reforzado el debate sobre la necesidad de una reforma policial.

Según un recuento del Instituto de Estudios Sociales y de Paz (Indepaz), actualizado el martes día 11, las personas fallecidas en estas dos últimas semanas ascienden a 41. El último de ellos, Lucas Villa, se ha convertido en símbolo de la violencia policial. Su imagen en las protestas se ha hecho viral. En una de ellas recibió hasta ocho disparos. Durante varios días estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte.

Ayer, en un encuentro con jóvenes, el presidente Iván Duque sostuvo que es «injusto generalizar el comportamiento de la fuerza pública».

También ayer, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda anunció que, junto a organizaciones de derechos humanos, ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el jefe del Estado, el ministro de Defensa, el exsenador Álvaro Uribe y los generales Eduardo Enrique Zapateiro y Jorge Luis Vargas, por «la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad contra participantes en las movilizaciones».

La denuncia, según señaló Cepeda, documenta «1.595 hechos en los que hay graves violaciones de derechos humanos entre ellas asesinato, tentativa de asesinato, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias». Ha pedido a la fiscal de la CPI que visite Colombia para «constatar los hechos» que recoge la denuncia de más de cien páginas, que también han remitido al secretario general de Naciones Unidas.

Denuncia ante la CPI

En medio de esta profunda crisis social y política, ayer se dio a conocer la dimisión –sin especificar las razones– de la ministra de Exteriores, Claudia Blum. En abril llegó a decir ante el Consejo de Seguridad de la ONU que las personas que no se han adherido o se han salido de los acuerdos de La Habana y que han conformado nuevos grupos armados deben considerarse «un incumplimiento justamente de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político».

Esta polémica declaración fue ampliamente contestada por diversos sectores en Colombia. Quien fuera jefe negociador del Gobierno en la mesa de diálogo de La Habana, Humberto de la Calle, la tildó de «inaceptable». «De modo que los que entregaron las armas y están cumpliendo tienen que responder por los desertores. ¿A quién le cabe en la cabeza? Pone en riesgo a los excombatientes», dijo.

Petición para que Nafarroa muestre su rechazo

El Movimiento Colombia Aurrera ha hecho un llamamiento al Gobierno navarro, al Ayuntamiento de Iruñea, «como ciudad hermanada con Colombia», y a la sociedad navarra en general para que muestre su rechazo a la «brutal represión» desatada por el Ejecutivo de Iván Duque en el país.

En una comparecencia ante los medios, Harold Rojas y otros colombianos residentes en el herrialde denunciaron que el Gobierno de Colombia «hace un uso desproporcionado de la fuerza pública dejando, hasta el momento, más de 490 personas lesionadas, 32 de ellas con lesiones oculares, 129 casos de disparos de arma de fuego, ocasionando 42 muertes, 476 desapariciones forzadas y 18 víctimas de violencia sexual por la fuerza pública».

En vista de la situación, desde el Movimiento Colombia Aurrera instan a Nafarroa a pedir al Ejecutivo español y a la comunidad internacional que «se presione al Estado colombiano con el objetivo de detener la masacre del pueblo y exigir la desmilitarización de las ciudades para abrir un diálogo con la población». Pello GUERRA