Diecinueve meses después de las masivas protestas sociales que estallaron en Chile y que dejaron una treintena de muertos, los chilenos acuden hoy y mañana a las urnas para elegir a los 155 representantes que redactarán la nueva Constitución que deberá dejar atrás a la vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, y dar inicio así a un nuevo ciclo político.

Reemplazar la Carta Magna redactada en 1980 para blindar sus políticas económicas neoliberales de la dictadura, y madre de las injusticias sociales, fue una de las demandas de las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019 para reclamar una sociedad más igualitaria. El incremento en el precio del billete de metro alimentó el enfado de una población que denuncia la desconexión de las élites ante las dificultades de la población en su día a día y cuyas protestas pillaron desprevenida a la clase política.

El debilitado Gobierno del derechista Sebastián Piñera se vio obligado a aceptar la convocatoria de un referéndum sobre un cambio en la Constitución, que fue aprobado en noviembre de 2020 por casi un 80%, que también decidió que el nuevo texto lo escriba un órgano formado por ciudadanos electos para ese fin y no por parlamentarios.

Más de 1.300 candidatos

La votación elegirá a los 155 futuros constituyentes entre 70 listas que integran más de 1.300 candidatos y una única que aglutina a toda la derecha y la extrema derecha. La Convención Constitucional tendrá nueve meses para redactar la nueva Carta Magna.

La actual Constitución limita enormemente la acción del Estado y promueve la actividad privada en todos los sectores, incluidos educación, salud y pensiones, y es considerada el principal obstáculo para las profundas reformas sociales que exigen los habitantes de uno de los países más desiguales de América Latina.

La izquierda propone un nuevo modelo de país, con derechos sociales como la educación, la salud y la vivienda garantizados.

«Necesitamos un Estado activo parar proteger la salud, fortalecer la educación, promulgar el derecho a la vivienda y el acceso al agua como un derecho humano fundamental», asegura Jorge Isunza, exministro y diputado, que sostiene que el principal punto a cambiar es el papel «secundario» del Estado, porque el reto de estas elecciones «garantizar los derechos sociales».

La derecha, por contra, defiende el actual sistema que, dice, ha impulsado el crecimiento económico, cuyo reverso es la persistente desigualdad. La candidata Susana Hiplan mantiene que el Estado «debe seguir jugando un rol secundario» porque lo que ha permitido a Chile ser uno de los más ricos del continente es «la cooperación entre empresas privadas», y señala que la respuesta al estallido social vendrá de «la construcción de un Estado más moderno y más eficiente».

Destaca la gran cantidad de candidatos independientes (793), cuya participación se permite por primera vez, lo que es una prueba «ineludible» de la desafección hacia los políticos tradicionales (485 aspirantes), según expertos. El descrédito de los partidos y la crisis de los clanes chilenos es su baza, pero no asegura su éxito, que puede verse truncado por la dispersión de propuestas y la proporcionalidad en el reparto de votos (ley d’Hont).

Estas constituyentes son unas elecciones totalmente inéditas, pues en 200 años de independencia Chile ha tenido tres Constituciones (1833, 1925 y 1980), pero ninguna redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

La convención estará integrada a partes iguales por hombres y mujeres, algo que es inédito en el mundo y que en unos meses convertirá a Chile en el primer país en tener un texto fundamental escrito en paridad, lo que no quiere decir feminista.

Representación indígena

Además, contará con 17 escaños (para 97 candidatos) reservados para los representantes de los pueblos originarios, que representan el 12,8% de la población: siete para los mapuche –el más numeroso–, dos para los aymara y uno para las restantes etnias: diaguita, quechua, atacameña, colla, yagán, kawésqar, chango y rapa nui .

Los indígenas, que por primera vez en la historia de Chile participarán en la redacción de la ley fundamental, quieren ser reconocidos en la nueva Constitución, pero no con una mera mención sino con derechos sobre sus tierras y participación en las decisiones políticas. Su gran aspiración es la denominación de Chile como un Estado plurinacional.

«Los escaños reservados son una medida de inclusión política indígena de una trascendencia que pocos han advertido. Es otro desafío futuro para las primeras naciones», según el periodista y escritor Pedro Cayuqueo, candidato en Valparaíso.

La elección constituyente estaba prevista el 11 de abril, pero la pandemia obligó a aplazarla. En paralelo, se elegirán alcaldes, concejales y gobernadores.

La desprivatización del agua, la gran promesa

Miles de hogares chilenos carecen de agua corriente debido a la privatización del agua, una cuestión que ha emergido con fuerza de cara a las elecciones constituyentes, en las que cientos de candidatos han prometido «liberar el agua de manos privadas y garantizarla como derecho humano».

En el Chile rural, el agua se la llevan los grandes agricultores, que excavan pozos y se quedan con toda la que se extrae, privando a las comunidades de este recurso natural.

539 de los 1.373 postulantes a estas elecciones respaldaron la iniciativa «Suelta el Agua», impulsada por Greenpeace Chile, por la que se comprometen a revisar el modelo de propiedad de este recurso en la nueva Constitución, un clamor popularizado durante el estallido social de 2019.

Chile es uno de los países con mayor nivel de privatización del agua del mundo. El 80% de los recursos hídricos pertenecen a propietarios privados, en su mayoría empresas agrícolas, mineras y de energía. El acceso al agua es una de las grandes desigualdades, por eso garantizarlo para consumo humano es el mayor desafío constituyente, asegura Greenpeace. El modelo chileno no prioriza este uso, como aconseja la ONU, y los precios son los más altos de América Latina. La actual Carta Magna y el Código de Aguas, heredados de la dictadura, otorgaron a particulares derechos de aprovechamiento gratuitos y a perpetuidad que ahora se compran y venden en el libre mercado.GARA