La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento de Gasteiz acogió ayer la comparecencia, a petición propia, de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno de Lakua, Beatriz Artolazabal, para presentar el «modelo penitenciario vasco» que aplicará el Ejecutivo autonómico a partir del próximo 1 de octubre, una vez que asuma la competencia sobre la gestión de las prisiones de Basauri, Martutene y Zaballa.

Sobre los presos hasta ahora sometidos al alejamiento y la dispersión, la consejera hizo especial hincapié en «pensar en las víctimas» y recordó que «los indultos y traslados» son competencia del Gobierno español.

«En Euskadi, por sus circunstancias, la política penitenciaria ha de ser también un activo para la convivencia y la normalización política», defendió, a la vez que explicó que ha mantenido reuniones con representantes de Covite y la AVT, así como con víctimas no organizadas en asociaciones, y señaló que mantendrá más encuentros «las próximas semanas». «Esta consejera siempre estará dispuesta a escuchar cualquier aportación que estas víctimas estimen oportuna. Tienen mi respeto, cercanía y cariño, al igual que lo tienen las víctimas de otros delitos», subrayó.

Tras ser preguntada por ello por el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, la consejera informó de que también se ha reunido con asociaciones de familiares de presos. «No voy a hacer distinciones y voy a reunirme con todos los colectivos que tengan algo que decir y que se ven afectadas por el modelo penitenciario vasco», dijo.

Añadió que el ordenamiento penitenciario cuenta con «principios, criterios legales y límites que no pueden ser traspasados», recordando que durante años los presos y presas políticas han tenido unas condiciones carcelarias «muy específicas». Para Artolazabal, «una vez desaparecida la actividad delictiva de ETA, mantener un trato excepcional no es compatible con los principios de ejecución penal». «Ante las víctimas me comprometí a que los presos de ETA no iban a tener ningún trato de favor. Hoy reafirmo este compromiso en sede parlamentaria. La aplicación progresiva de los criterios generales no puede ser considerada una forma de concesión de privilegios o trato de favor; es simplemente cumplir la ley», indicó.

Justicia restaurativa

Así, pidió a los grupos parlamentarios críticos o recelosos que hagan un ejercicio de «amplitud de miras» porque el modelo que se plantea «no es más permisivo, ni concede privilegios, ni decide excarcelaciones».

En la misma línea, subrayó que «trabajar con las personas presas no debe entenderse como un agravio a las víctimas» e insistió en que el nuevo modelo penitenciario «pondrá un especial foco en las personas que han sufrido cualquier tipo de violencia, por un acto terrorista o por cualquier otro delito».

Junto a ello, Artolazabal destacó que la base de este modelo carcelario es la justicia restaurativa y subrayó «los resultados excelentes» en otros países europeos de este «modelo alternativo», reiterando la apuesta de su departamento por «resocializar, reeducar y reinsertar».

Afirmó que los índices de reinserción avalan la semilibertad y el trabajo que se hace con los internos en estas condiciones. Tras informar de que en el Estado español la media de semilibertad se sitúa en el 25%, avanzó que su objetivo es llegar al 40% «de manera paulatina».

Además, la consejera recordó que en los últimos días ha visitado, junto al equipo de Justicia, las tres cárceles ubicadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, donde ha encontrado a dos directores y a una directora «receptivos y proactivos» con el modelo planteado.