Uso «indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego» contra los manifestantes por parte de la fuerza pública; empleo de armamentos de «letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas para dispersar protestas pacíficas»; disparos horizontales con arma venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes; lanzamiento de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras dentro de viviendas; vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales; imposición de «requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad»; violencia sexual y de género; traumas oculares y desaparición forzada. Estas son las nueve prácticas de violencia cometidas por la fuerza pública en el contexto de las movilizaciones sociales que comenzaron el 28 de abril, según recoge el informe entregado por la ONG Temblores, el Programa por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) e Indepaz a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de visita en Colombia para analizar las denuncias de vulneraciones de derechos humanos.

En sus conclusiones, estas organizaciones destacan que 3.798 personas han sufrido algún tipo violencia en el marco de las protestas. De ellas, 1.248 han padecido violencia física –se han registrado 41 homicidios, de los que en 31 de ellos «tenemos evidencias certeras de la presunta participación de la Fuerza Pública o de miembros de la Policía Judicial»–. Asimismo, han contabilizado 1.649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones violentas en el marco de las manifestaciones, 65 heridos oculares, 25 víctimas de violencia sexual y otras 6 de violencia basada en el género y 187 casos de disparos de arma de fuego.

«Estas no son las únicas prácticas de violencia. También hemos registrado casos de amenazas con desaparición forzada por parte de policías a personas retenidas, complicidad de agentes de la Fuerza Pública con civiles que disparan armas de fuego, allanamientos y montajes judiciales», inciden.

«Hemos conocido –añaden– casos de amenazas hacia los familiares de las personas víctimas de violencia homicida para que desistan de los procesos de justicia o dejen de hacerlos mediáticos. El actuar violento del Estado a través de su Fuerza Pública y de otros funcionarios recae en gran medida sobre poblaciones, grupos y cuerpos históricamente estigmatizados y marginados por el mismo Estado».

Destacan «la necesidad de una reforma policial amplia y estructural». Recomiendan a la CIDH que solicite al Estado colombiano incluir una misión de verificación de la ONU, una «rigurosa investigación» de la situación «global de los derechos humanos» en el país, el desmantelamiento de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad), la prohibición «total e inmediata de las denominadas armas no letales», así como una investigación sobre «la presunta existencia de un sistema de incentivos o cuotas por detenciones, judicializaciones y traslados a cambio de ascensos dentro de la Fuerza Pública».