Ana Ollo y Martín Zabalza comparecieron ayer en la Comisión de Relaciones Ciudadanas tras la sentencia del Tribunal Constitucional español que tumbó el recurso de inconstitucionalidad presentado por PP y Vox contra la ley navarra de violencia estatal.

La consejera de Relaciones Ciudadanas señaló que el fallo del TC que avala la segunda versión de la ley ha sido ya «el primer acto de reparación del sufrimiento injusto» que sufrieron las víctimas de la violencia estatal.

Explicó que el Ejecutivo está inmerso en el desarrollo reglamentario de la ley, se está elaborando un informe sobre los recursos económicos y materiales necesarios para aplicarla y se avanza en la constitución de la Comisión de Reconocimiento y Reparación que recabará las solicitudes para alcanzar la condición de víctima de la violencia estatal y decidirá sobre su aprobación. Sobre esta comisión, Ollo señaló que estará integrada por nueve miembros: el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, el director del Instituto de la Memoria, dos forenses, un sicólogo y cuatro personas que elegirá el Parlamento por mayoría absoluta.

Zabala, director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos añadió que estará adscrita a esa Dirección General, pero «actuará con plena independencia como órgano colegiado».

Plazos amplios

Durante el turno para los grupos, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, recordó que la ley «nace coja por la doctrina que el Constitucional impuso con la ley anterior», pidió «un trabajo serio de concienciación y divulgación» sobre la ley y que se fijen «plazos amplios para presentar solicitudes».

Por Geroa Bai, Uxue Barkos reconoció que «estamos tardando demasiado» en reconocer y reparar a las víctimas de la violencia estatal y destacó que «la memoria integral es la clave de bóveda de la construcción de un futuro en paz».

Desde Navarra Suma, Iñaki Iriarte aseguró que su formación «asume con normalidad» la decisión del TC de avalar la ley, «aunque no significa que nos guste» y sembró dudas sobre la comisión.