EDITORIALA

Desidia administrativa en los accidentes laborales

Esta semana otros dos trabajadores han muerto en accidente laboral en Euskal Herria. Uno de ellos era un transportista al que aplastó la carga que llevaba. El otro cayó por el hueco de la escalera en la sede del Ejecutivo de Lakua. Dos nombres más a unir a una larga lista de muertos en el tajo que refleja un grave problema que ni se atiende ni se soluciona.

A pesar de la gravedad de la situación, a menudo los accidentes en el trabajo no suelen generar una reacción que vaya más allá de los allegados de la persona fallecida y del ámbito laboral. Da la impresión de que sociedad tiene asumido que estos accidentes son una fatalidad inherente al trabajo y son imposibles de remediar. El hecho de que estas dos últimas muertes no se hayan producido en una situación especialmente peligrosa parece reforzar esa idea. Sin embargo, este hecho sugiere precisamente lo contrario: que la mayoría de accidentes laborales son evitables y que estos se producen por una combinación de causas, la mayoría de las cuales se podrían soslayar. Lo que parece una fatalidad es en realidad la conjunción de falta de medidas de prevención, escasa formación, ausencia de experiencia y ritmos de trabajo excesivos. La fatalidad no lo explica todo, ni mucho menos. Hay un contexto de estrés y precariedad en el que cualquier traspiés se convierte en una tragedia que podría haber sido fácilmente sorteada.

A cambiar esa percepción social errónea tampoco ayuda nada que la Administración no informe de lo ocurrido a los representantes de los trabajadores, cuando el accidente laboral ocurre en su jurisdicción. Una actitud que denota más preocupación por el daño que pueda sufrir su imagen que por clarificar lo ocurrido. Una disposición proactiva de la Administración informando, investigando y depurando las responsabilidades ayudaría –y mucho– a sensibilizar y concienciar a la sociedad. Y no dejaría dudas a patronal y sindicatos sobre su firme compromiso con la salud y la seguridad en el trabajo.