El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, solicitó ayer revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la candidata derechista, Keiko Fujimori, y que se dicte prisión preventiva en su contra por haber incumplido resoluciones judiciales.

El fiscal sostiene que la aspirante a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular ha incumplido las reglas jurídicas impuestas mientras se la investiga por un delito de la lavado de activos, como la de no comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016. «Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales», sostiene el texto. En concreto, Domingo Pérez cita la rueda de prensa celebrada la víspera, en la que se presentó el abogado Torres como portavoz político de Fuerza Popular.

Ambos estuvieron juntos en la misma mesa durante la comparecencia en la que el partido de Fujimori pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, que representan unos 200.000 votos, bajo acusaciones de irregularidades y «fraude en mesa» en los comicios presidenciales del pasado domingo.

Fujimori afronta una petición fiscal de más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales, un juicio que eludiría de resultar electa.

Pero esta opción se le escapa a medida que avanza el lento recuento. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo,  ya anunció su victoria el miércoles al constatar que el voto exterior no iba a dar la vuelta a su ventaja.

Con casi el 100% de las actas contabilizadas, Castillo contaba ayer con el 50,2% de los sufragios frente al 49,79% de Fujimori. Son 71.455 votos más, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Sin embargo, el triunfo oficial del candidato izquierdista se está retrasando por los recursos del partido de Fujimori para invalidar esas 200.000 papeletas.

Las autoridades electorales han comenzado un lento proceso de revisión que puede aún retrasar el escrutinio varios días.

El presidente del tribunal electoral, Jorge Luis Salas, se mostró sorprendido por las impugnaciones y recordó que en las últimas elecciones de 2016, que Fujimori perdió por 42.597 votos, «solo 29 actas electorales fueron cuestionadas».