Grupos birmanos de defensa de los derechos humanos cifran en más de 860 las personas fallecidas desde el golpe de Estado del 1 de febrero contra Aung Saan Suu Kyi y en miles las heridas por las fuerzas militares en el marco de las protestas.

Ayer, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que la escalada de violencia, que se ha intensificado particularmente en los estados de Kayah, Chin y Kachin, supone una «catástrofe para los derechos humanos». «En tan solo cuatro meses, el país pasó de ser una democracia frágil a convertirse en una catástrofe para los derechos humanos. Los dirigentes militares son responsables de esta crisis y deben rendir cuentas», manifestó.

«La violencia está siendo particularmente intensa en zonas con destacada presencia de grupos minoritarios étnicos y religiosos», alertó. Bachelet acusó a las fuerzas militares de emplear a civiles «como escudos humanos», de «bombardear residencias civiles e iglesia» en tres localidades de Kayah así como de «bloquear el acceso humanitario a estas zonas».

Reclamó «unidad» a la comunidad internacional a la hora de exigir que el Ejército birmano que «cese este aborrecible uso de la artillería pesada contra estas zonas» y «respete el principio de distinción». También pidió a las llamadas «fuerzas de defensa populares» que «adopten todas las medidas necesarias para proteger a los civiles».

Bachelet se hizo eco de informaciones locales que detallan casos de torturas contra activistas, así como de «castigos colectivos» contra sus familias, como la madre de un activista condenada a tres años de cárcel en lugar de su hijo, huido.

Por otro lado, la agencia de la ONU para la migración, la OIM, ha exigido la liberación de su jefe de proyecto en el país, Htet Lwin Win, detenido desde hace un mes por las autoridades birmanas. El cooperante, de 34 años, fue arrestado el 12 de mayo y se cree que está detenido en la prisión de Myitkyina, acusado por partida doble de sedición e incitación a la violencia, según el portal de noticias Myanmar Now. Ha pedido a los militares que «respeten los privilegios e inmunidades del personal de la ONU».

Mientras, la junta militar de Myanmar ha pedido a la población que delate las actividades del opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG), conformado por políticos y activistas contrarios al régimen militar. El Ejército le acusa de «manipular e instigar a grupos extremistas para asesinar a inocentes y deteriorar la paz y la estabilidad».

El NUG, que anunció en mayo la formación de una milicia para defender a sus seguidores de la represión ha hecho un llamamiento a las guerrillas étnicas para la formación de un Ejército federal que se enfrente a los militares golpistas encabezados por el general Min Aung Hlaing.

Juicio contra la líder Aung San Suu Kyi

Uno de los abogados de la líder birmana, Aung San Suu Kyi, calificó de «absurdas» las últimas denuncias por varios delitos de corrupción presentadas por la junta militar contra la premio nobel de la paz.

«Estas acusaciones de soborno y corrupción son absurdas. Puede que tenga defectos, pero la codicia personal y la corrupción no son sus rasgos», señaló el letrado Khin Maung Zaw.

La Comisión Anticorrupción, controlada desde el golpe de Estado por la junta militar, presentó ante la Policía denuncias contra Suu Kyi por presuntamente recibir sobornos y aprovecharse de su posición para alquilar unos terrenos a un mejor precio.

Está previsto que este lunes comience en un tribunal especial de la capital el juicio oral contra Suu Kyi por cinco cargos como la importación ilegal de dispositivos electrónicos, vulnerar las normas sobre la covid-19 o incitar al odio. La líder birmana afronta otro juicio en el Tribunal Supremo por la violación de la ley de Secretos Oficiales.GARA