El precio de la electricidad continúa subiendo. Es como si las eléctricas quisieran recuperar este ejercicio todo lo que no ganaron el año pasado a causa del confinamiento. Si en junio de 2019 el precio medio del kilovatio sin discriminación horaria era de 13,78 céntimos, en junio de 2020 fue de 11,31 y este año, en los quince primeros días del mes, el precio medio ha sido de 17,20 céntimos, acercándose rápidamente al récord que se alcanzó el primer trimestre de 2012 con 20,85 céntimos por kilovatio. Una progresión extraordinaria. Este mes, además, a la subida en el precio hay que añadir la nueva tarifa de la luz por franjas horarias que hará que la factura final alcance unos registros estratosféricos para muchas familias trabajadoras.

El alza en el precio de la electricidad es un tema recurrente y siempre se encuentra alguna causa que justifique las subidas: o bien es la falta de producción de las renovables como consecuencia de unas condiciones meteorológicas adversas, normalmente en combinación virtuosa con un encarecimiento del gas que se utiliza como sustituto de esas fuentes renovables; o bien son los precios de los derechos de emisión del CO2 o cualquier otra excusa que puedan inventar los gabinetes de comunicación de las eléctricas para desviar la atención. El asunto central en este debate es que en nuestra sociedad la electricidad es un suministro básico cuyo precio debería estar estrictamente regulado por el Estado dentro de unos límites razonables. Y lo que el Gobierno español no debería permitir es que se especule con un recurso esencial.

La clave para que el precio de la electricidad baje está en desmontar el entramado institucional que hace que unas pocas multinacionales fijen los precios. De paso, habría que revisar el IVA, puesto que es un atropello que a un suministro esencial se le aplique el tipo general. Pero para que eso no ocurra funcionan las puertas giratorias, que dejarán sentir su peso en el próximo recibo de la luz.