Tras la crisis de su industria en la década de los 70 y 80 del siglo pasado, el retroceso del sector agrícola y la crisis del sector pesquero, y a partir de la protección medioambiental con la declaración de Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1984 y la aprobación de la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai por el Parlamento Vasco, la comarca ha sido objeto de un sinfín de planes de ordenación y desarrollo territorial.

Por citar algunos he ahí los PRUG 1993 y 2016, el Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Económicas 1998, el Plan Energético-ambiental de Urdaibai 2003 o el Plan Desarrollo GV 2010.

Sin embargo, la inacción de la administración (cuando no el boicot de la DFB) y la falta de financiación de los mismos han impedido que se cumplan. De manera que no han sido capaces de garantizar un estado de bienestar y de crear unas expectativas de futuro y de mejora de la sostenibilidad de la vida para sus habitantes en equilibrio con la protección de los indudables valores medioambientales y culturales de nuestra comarca.

Este hecho conduce a la presentación de todo tipo de propuestas económicas a modo de «vacunas milagrosas» cuando en realidad, después de dilapidados cientos de miles de euros, los estudios elaborados por empresas amigas designadas «a dedo» duermen en los estantes de nuestras administraciones públicas. En esta nueva propuesta subyace esta forma corrupta e ilegal de proceder, como lo ha constatado la CNMC, que contamina de nulidad el valor administrativo de los informes elaborados.

Por otro lado, a las carencias identificadas se suman nuevos procesos sociales, económicos, ambientales, etc., que se puede enmarcar en la crisis climática y sanitaria global, que están propiciando la aparición de grandes «operadores» o empresas que tratan de aterrizar y tomar posesión de Urdaibai y nos importan soluciones que copian otras aplicadas en diferentes partes del mundo, muchas de ellas caducas o demostradamente negativas.

En Urdaibai existe una falta de relación entre las diferentes iniciativas, cada una con sus visiones, pero demasiado centradas en sus intereses específicos cortoplacistas y oportunistas. Las administraciones públicas son incapaces de liderar y hacer frente a los principales retos: falta de una administración publica comarcal, de una agencia de desarrollo de estrategias económicas compartidas; declive económico y del empleo; nula participación de los actores sociales en la toma de decisiones; oportunidad/obstáculo de ser Reserva de la Biosfera; desacuerdos sobre las grandes infraestructuras necesarias, el modelo turístico verde o masivo, la gestión y privatización del agua; perdida de suelo; contaminación de acuíferos; crisis forestal y del caserío; diversas desigualdades de género e injusticias sociales; falta de integración de personas inmigrantes; falta de políticas de envejecimiento activo; expresiones culturales discriminatorias incluso para el euskara.

No pueden actuar el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia como si no estuvieran en vigor media docena de leyes de protección que afectan a la comarca Busturialdea, violando su contenido «a la carta» con acciones como la propuesta de dos Guggenheim y una vía «verde» en zonas declaradas de interés ecológico y cultural en esas normativas, además de Especialmente Protegidas por la Ley de Urdaibai establecida para «proteger la integridad y potenciar la recuperación del conjunto de los ecosistemas, en razón de su interés natural, científico, educativo, cultural, recreativo y socioeconómico»; por ello, todos estamos obligados a aplicar y potenciar un modelo de desarrollo sostenible para la comarca y no lo contrario.

Estimamos que el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia han actuado de forma anti-democrática, subversiva y temeraria al saltarse la legalidad en varios puntos. De hecho no han presentado la previa y obligatoria Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, con su proceso confrontación previa de alternativas y de participación social e información públicas. En segundo lugar, y por la vía de los hechos, pretenden desproteger zonas de «Especial Protección» que establece la Ley de Urdaibai. Ahora permiten de facto usos en estas zonas que van en contra de su conservación o regeneración. Y, en definitiva, derogan la normativa vigente para estas zonas de la Red Europea Natura2000, ZEC y ZEPA, y lo hacen por «decreto», aprovechando la actual situación de crisis climática y social para saltarse las leyes. Y nuestra Asociación, que es miembro de pleno derecho del Consejo de Cooperación del Patronato de la Reserva, no tiene noticia alguna de que estos proyectos se hayan puestos ni siquiera encima de la mesa. No mientan.

Debemos hacer constar que, por parte de la Unión Europea, se nos propone el objetivo de conseguir la neutralidad climática en 2050, transformando la UE en una economía sostenible y climáticamente neutra basándose en los siguientes pilares: «descarbonización, eficiencia energética, contaminación 0, economía circular, movilidad sostenible, y de la granja a la mesa». Pues a falta de más datos estamos convencidos que la solución planteada va en sentido contrario de lo que es una Transición Climática correcta, ya que el turismo de masas que se propugna destruye todo lo que toca.