Aitor AGIRREZABAL
ABUSOS Y MODELO POLICIAL EN EL ESTADO ESPAñOL

40 víctimas graves por pelotas de goma y ninguna condena al autor

Las organizaciones Irídia y Novact presentaron ayer en Madrid el informe “Stop balas de goma”, que recoge el impacto de estos proyectiles policiales en el Estado español desde el año 2000. En estas dos décadas, su utilización ha producido, al menos, 40 casos graves; sin embargo, ninguno de los autores de esos disparos ha sido condenado.

El informe “Stop balas de goma”, elaborado por el centro de defensa de los derechos humanos Irídia y el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta, Novact, es una fotografía del empleo e impacto de estos proyectiles en el Estado español en las dos últimas décadas. Hace referencia a 40 personas afectadas gravemente por las balas de goma disparadas por distintos cuerpos policiales en el periodo 2000-2020. Serlinda Vigara, portavoz de Novact, incidió en la «dificultad de acceder a la información por medio de los mecanismos públicos de consulta, aludiendo cuestiones de seguridad nacional por parte de las autoridades españolas».

De hecho, el Estado español no dispone de registros oficiales que cifren la totalidad de personas muertas o heridas a causa de las balas de goma; los únicos que se conocen han sido elaborados por la sociedad civil. Por ello, «es importante destacar que estos datos no pueden reflejar el cuadro completo de la problemática y que, por tanto, son considerados un subregistro».

Casi la mitad de los casos (el 45%) se ha producido en Ceuta, debido a los hechos de El Tarajal en 2014, donde, tratando de llegar a la costa ceutí, murieron 14 personas y otras cuatro resultaron heridas tras recibir disparos de balas de goma por parte de la Guardia Civil. Le siguen Catalunya (40%), Madrid (7,5%) y Hego Euskal Herria (7,5%).

La Guardia Civil es la que lidera los casos de lesiones registrados (43,6%), seguida por los Mossos con un 35,9%, la Policía española con un 15,4% y la Ertzaintza con un 5,1%. En uno de cada tres casos conocidos, el impacto ha sido en los ojos.

De las 40 víctimas, además de las de El Tarajal, una más (Iñigo Cabacas) murió a consecuencia directa del impacto de una pelota, 15 sufrieron inutilización o pérdida de órgano y otra experimentó secuelas temporales.

Juicios de poca ayuda

Además del peligro de las propias lesiones, los colectivos autores del informe remarcaron «el reto de la adaptación a una nueva realidad física» de quienes han perdido un ojo, así como el «estrés postraumático, ansiedad y depresión» que provocan este tipo de mutilaciones.

«Después de varios años, el resultado no es el que quiero para mí. La imagen que tengo no se corresponde con la persona que yo era. La afectación sicológica fue muy importante, también en mi entorno social. Una bala de goma truncó mi vida y a partir de ahí tuve que reconstruir todo», explicó Ester Quintana, presente en la comparecencia. Perdió un ojo tras un disparo de los Mossos en una huelga general, en 2012.

Tampoco los procesos judiciales ayudan a resolver estos problemas. «La lentitud intrínseca a dichos procesos, el corporativismo de los cuerpos policiales y la complicidad de las instancias jurídicas genera, en muchos casos, desesperanza e impotencia», según Irídia y Novact, provocando una «revictimización» de quien se ha visto afectado por el disparo de un proyectil.

De hecho, de los citados 40 casos, en ninguno se ha condenado al autor material del disparo. Solo en uno, el de Cabacas, hubo sentencia condenatoria, en este caso a un mando de la Ertzaintza por un delito de homicidio cometido por imprudencia grave. «No se traduce en condenas a pesar de que haya mutilaciones», señaló Anaïs Franquesa, del centro Irídia, que considera que la principal razón es «un problema con los mecanismos de control de las FSE».

Estos datos, según el informe, llevan a una «situación de infradenuncia». Frente a ello, han estudiado los procesos judiciales del caso Cabacas, además de los de los catalanes Ester Quintana, Carles Guillot y Roger Español, este aún en curso. Como conclusiones, subraya la «imposibilidad de identificar al agente que efectuó el disparo y, en consecuencia, de condena, el corporativismo y la falta de depuración de responsabilidades de los mandos policiales», así como el papel jugado por la judicatura en la investigación. «En mi caso, absolvieron a los dos mossos imputados porque no se pudo determinar quién ni con qué arma disparó», recordó Quintana.

Leyes internacionales

El informe pone el énfasis en las leyes internacionales, así como en las advertencias recibidas desde el exterior por el Estado español por parte de distintas instituciones y organizaciones.

Por ejemplo, la ONU prohíbe de manera explícita el disparo indirecto de los proyectiles haciendo que reboten en el suelo antes de alcanzar a las personas, por el riesgo que supone la aleatoriedad de la trayectoria del proyectil. Establece que su uso «solo es legítimo en disparos directos dirigidos a la parte inferior del abdomen o las piernas de un individuo que tiene un comportamiento violento» y «con el fin de abordar una amenaza inminente de lesiones o muerte», algo en lo que insistió Daniel Canales, portavoz de Amnistía Internacional.

Por esa razón, agregó, este tipo de proyectiles «no deben ser usados en ningún caso para dispersar una manifestación o concentración pacífica».

En el Estado español, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCSE) establece que «solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana». No obstante, la normativa que regula los medios utilizados por las FSE no es pública.

De hecho, el informe de Irídia y Novact tan solo ha podido recoger información gracias a preguntas parlamentarias en el Congreso. En sus respuestas, el Gobierno asegura que este tipo de armas «únicamente serán utilizadas por las unidades especializadas en control de masas, como medio disuasorio».

Un protocolo... que no existe

Sin embargo, los agentes de la Policía española tienen permitido el uso de las balas de goma. Dichos proyectiles se deforman achatándose cuando son disparados y esto hace que, en el momento del impacto, tengan una parte más puntiaguda y mayor capacidad de penetración si golpean partes del cuerpo delicadas, como pueden ser los ojos.

Además, los proyectiles no tienen ningún identificador único o marcas que puedan ser utilizadas para vincularlos al agente que los dispara. Este extremo recuerda también al caso del navarro Aingeru Zudaire, que en 2012 perdió un ojo en una carga de la Policía española en Iruñea. El juzgado dio por probado que la herida se produjo por pelotazo, pero consideró que «no había prueba suficiente» de que el agente acusado fuese quien realizó el disparo.

La circular de 2013 de la propia Policía establece que estas armas podrán ser utilizadas «cuando las circunstancias lo requieran y, en los términos recogidos en el protocolo de ‘empleo progresivo de medios’, se podrán lanzar contra individuos o grupos de agresores cuya actitud entrañara un riesgo para policías u otros ciudadanos, o causaran daños materiales». No obstante, la Defensora del Pueblo constató que no existe el protocolo al que se refiere.

Asimismo, el informe destaca que la referencia genérica al «riesgo para policías u otros ciudadanos» y que se habilite su uso en caso de daños materiales no se ajusta a la normativa internacional. Del mismo modo, para calificar las distancias permitidas desde las que se pueden disparar la circular utiliza la expresión «aproximadamente», lo que «dificulta la rendición de cuentas de un agente que actúa fuera de estos parámetros».

En el caso de la Guardia Civil, en 2014 se emitió una instrucción verbal que limitaba el uso de balas de goma, así como de los botes de humo. Se desconoce si esta directriz sigue vigente.

Tanto Ertzaintza como Policía Foral, así como los Mossos d’Esquadra, tienen prohibido el uso de las balas de goma, proyectiles que han sustituido por las de foam. En la CAV estos cambios llegaron tras el caso de Cabacas y, solo una semana antes, el de Xuban Nafarrate, que resultó gravemente herido. Pero la prohibición definitiva no llegó hasta dos años después. Más tardó Nafarroa, que no impidió su uso a la Policía Foral hasta 2017.

Pese a ello, el informe advierte del «alto potencial lesivo» de las balas de foam. Tanto que, al menos, dos personas han perdido el ojo en Catalunya.

Desproporción y «alineamiento» en la CAV

En un momento en que el Gobierno de Urkullu dice ver una «campaña de odio» contra la Ertzaintza, la autocrítica ha salido de su propio seno. ELA-Ertzaintza presentó ayer una declaración ante la delegación del Ejecutivo en Bilbo en la que pide otro modelo policial y asume que se están produciendo cargas que no son «proporcionadas», además de sostener que existe sometimiento a intereses empresariales.

Entre otros aspectos, ELA reprocha que «representantes sindicales, electos legitimados y con derechos reconocidos por la ley han sido cacheados por la Ertzaintza antes de mantener reuniones con empresarios y con representantes del Gobierno Vasco». «Evidentemente, no se cachea ni a empresarios ni a representantes de la administración», expone. «Se ha impedido a los piquetes realizar la tarea que la jurisprudencia les reconoce como propia y ajustada a la ley, como es la de informar a los trabajadores que no secundan la huelga y acuden a sus centros de trabajo», continúa.

«El Departamento de Seguridad no da cobertura y dificulta el trabajo de los Comités de Huelga en el ejercicio de los derechos que la ley prevé, como por ejemplo, el control de decisiones ilegales que las empresas pueden estar tomando contra el ejercicio del derecho de huelga, como puede ser la sustitución de trabajadores», añade.

La declaración hace hincapié igualmente en que «en situaciones no especialmente críticas, ha habido cargas y golpes desproporcionados por parte de la policía». Y asevera que «agentes recibieron órdenes de impedir la entrada al Parlamento Vasco de representantes legales de los trabajadores que habían sido invitados por parlamentarios». Con todo esto, cree que «se están vulnerando normas y principios deontológicos básicos como la no discriminación, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto y la salvaguarda del ejercicio de derechos fundamentales. Y, como consecuencia, las decisiones aparecen claramente alineadas con los intereses empresariales». Además, advierte de que «si no se corrigen las decisiones del Departamento, la legitimación social de la Ertzaintza está en riesgo para perjuicio de la toda la ciudadanía y de la propia Ertzaintza».

La concentración de ELA se celebró un día después de que la Policía autonómica cargara, una vez más, contra trabajadores en huelga, en este caso de Petronor. Durante los últimos meses, ha sido habitual ver a la Ertzaintza actuar violentamente contra movilizaciones sociales y sindicales, como la concentración de los trabajadores de Tubacex ante el Parlamento, la huelga de PCB en Barakaldo o las convocatorias de Ernai contra la precariedad juvenil, que se saldaron con dos participantes hospitalizados. GARA