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MADRID

Ribera aboga por la vía fiscal para frenar la subida de la electricidad

Ante el aumento de los precios de la luz, el Gobierno español no descarta suspender momentáneamente algunos impuestos a la energía eléctrica. Así lo indicó ayer la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien incidió en que se trata de una medida «excepcional y provisional» que ya se aplicó en el año 2018.

El Gobierno español no descarta que, ante la subida que se está produciendo en los precios de la electricidad, vuelva a suspender momentáneamente algunos impuestos, como hizo en el año 2018, cuando ante una escalada de precios, suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7% y desactivó el «céntimo verde» para los combustibles destinados a producción eléctrica.

Así lo anunció ayer la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados, donde respondió a una interpelación del PP.

Afirmó que, junto a una «reforma seria de la fiscalidad energética», en la que al parecer el Ejecutivo español ya trabaja, «no es descartable que ante una situación tensa, como la actual, haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento».

E indicó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no descarta volver a suspender «alguno de los elementos fiscales, con carácter excepcional y provisional», para facilitar a los consumidores hacer frente a una factura que se ha encarecido por el incremento de los costes de los combustibles fósiles, de los que hay que «ir deshaciéndose».

Entre otras razones, porque «benefician de manera desproporcionada al casi 90% de la electricidad que se produce sin incurrir en estos costes».

«Está bien que nuestras empresas e inversores tengan rentabilidad, pero no es razonable que en la transición esto lo paguen los consumidores más débiles», añadió Ribera, quien acusó a las compañías eléctricas de encarecer la electricidad en el mercado al incluir en sus ofertas «el coste de oportunidad» del aumento del gas.

Una medida conocida

En 2018, ante la subida que experimentaron los precios de la electricidad en agosto y setiembre de ese año, el Gobierno español adoptó una serie de medidas, entre ellas la suspensión por seis meses del impuesto a la generación eléctrica del 7% e introdujo una exención en el Impuesto de Hidrocarburos para desactivar el gravamen conocido como «céntimo verde» en los combustibles para producción eléctrica.

En ese momento, Teresa Ribera explicó que la suspensión de esos dos impuestos tendría un impacto en torno al 4% sobre la factura de los consumidores domésticos.

Cabe recordar que el impuesto a la generación eléctrica nació con la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, del 27 de diciembre de 2012, que elaboró el Gobierno del PP para tratar de corregir el déficit de tarifa –el desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema– en un momento en el que el sistema acumulaba 24.000 millones de euros de deuda.

Las empresas eléctricas se opusieron desde el principio a este impuesto y el Tribunal Constitucional concluyó, en julio de 2018, que no vulneraba ningún precepto constitucional.

El «céntimo verde», por su parte, es un gravamen pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a los hidrocarburos, pero tiene el efecto de encarecer los precios de la electricidad en el mercado mayorista cuando tecnologías como el gas fijan los precios.

Derechos de CO2

Además, Teresa Ribera avanzó que para paliar los efectos que está teniendo en la industria el encarecimiento de los derechos de CO2 el Ejecutivo español generará en las próximas semanas un crédito adicional de cien millones de euros para la compensación de esos costes.

Por otra parte, la también vicepresidenta cuarta defendió la gestión que se ha hecho desde que el PSOE llegó al Gobierno español y señaló que se ha producido una «reducción histórica» del diferencial de precios con Alemania y el Estado francés, que, según indicó, no hizo más que incrementarse durante la etapa de Mariano Rajoy.

En este sentido, la ministra, que incidió en que los industriales que compren electricidad para 2022 y 2023 lo harán más barato que en el Estado francés y Alemania, apuntó que en los dos últimos años y medio el diferencial de precios con Alemania se ha reducido en un 75% y en el caso del Estado francés la diferencia ya es positiva para el Estado español, descontadas las distorsiones de precios que está habiendo en los últimos días.