La Justicia peruana comenzó a analizar ayer la petición de prisión preventiva contra la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, solicitada por un fiscal anticorrupción por supuestamente haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación que se le sigue por presunta corrupción – lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la Justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo–.

El pasado 10 de junio, en medio de la crispada coyuntura poselectoral que vive Perú, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga el regreso a prisión preventiva de Fujimori por supuestamente incumplir las normas de conducta de la resolución judicial que habilitó su excarcelación en 2020 bajo ciertas restricciones.

En su petición para revocar su excarcelación, el fiscal sostiene que la imputada infringió las reglas jurídicas impuestas mientras se le investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso sobre la financiación irregular de sus campañas de 2011 y 2016.

El requerimiento hace alusión a una rueda de prensa que celebró Fuerza Popular poco después de la segunda vuelta electoral, en la que Fujimori presentó al abogado Miguel Torres –testigo de la Fiscalía– como portavoz político de su partido. Ambos compartieron mesa para denunciar irregularidades y «fraude de mesa».

Tras hacerse pública esta solicitud, tildada de «absurda» por la propia imputada, Fujimori dijo que el fiscal Pérez busca «seguir siendo protagonista de esta campaña electoral» y aseguró que confía en el Poder Judicial y que no tiene ningún temor de que se concrete la solicitud de prisión.