GARA
roma

La educación contra la homofobia enfrenta al Vaticano con Italia y a la Comisión Europea con Hungría

El Vaticano ha pedido formalmente al Gobierno italiano que modifique su proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia, ya que considera que viola contenidos del Concordato que regula las relaciones entre el Estado italiano y la Iglesia católica.

El secretario de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, Paul Richard Gallagher, acudió el pasado 17 de junio a la Embajada de Italia ante la Santa Sede y entregó al primer consejero una «nota verbal», que indica que «algunos contenidos de la propuesta legislativa que se examina en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica» en varios puntos del Concordato.

Para el Vaticano, la ley proyectada por el Ejecutivo italiano atentaría contra la «libertad de organización» y la «libertad de pensamiento» de los católicos y sus asociaciones que recogen esos apartados. En concreto, quieren que las escuelas católicas privadas estén exentas de las actividades contra la homofobia y la transfobia.

Un veto similar al que Hungría quiere generalizar en todas sus escuelas y que ha llevado a la Comisión Europea a estudiar si la nueva legislación húngara que restringe los derechos de los homosexuales viola el Derecho de la UE y hay una base legal para poner en marcha un procedimiento de infracción.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourova, explicó que «afecta a la educación, la libertad de expresión y, desde mi punto de vista, también la cuestión de la discriminación», pero señaló que llevará «algo de tiempo» saber si hay base legal para iniciar el proceso.

El Parlamento húngaro aprobó el 15 de junio con los votos del partido gobernante Fidesz una polémica normativa que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares.

Trece Estados miembros firmaron ayer una declaración en la que condenan la normativa húngara y piden a la Comisión que use «todas las herramientas» para garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los ciudadanos en la UE.