Keiko Fujimori se ha librado de volver a prisión provisional por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, en medio de la ofensiva que ha emprendido contra los resultados de las elecciones presidenciales de Perú para evitar su derrota frente al izquierdista Pedro Castillo.

Fujimori continuará en libertad condicional, pero fue apercibida por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, por haber incumplido el requerimiento judicial de no reunirse con testigos de su caso, en el que se le piden condenas de 30 años y 10 meses de cárcel.

El magistrado desestimó la solicitud del fiscal para que regrese a la cárcel pese a que consideró que, efectivamente, había incumplido las condiciones de su libertad.

Estimó que primero debía realizarse un apercibimiento a la acusada y, en caso de persistir en ese incumplimiento, ordenar su regreso a prisión previa solicitud de la Fiscalía.

Entre los requisitos de la libertad condicional que permitió a Fujimori salir de la cárcel en mayo de 2020, tras quince meses en prisión preventiva, estaba no reunirse ni comunicarse con otros imputados o testigos del caso. Sin embargo, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori apareció públicamente en reiteradas ocasiones de la campaña electoral con el abogado y portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, quien está incluido en el caso como testigo.

Fujimori también ha aparecido con la abogada y líder del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores, otra testigo.