«Utilidad pública» es la razón que ayer esgrimió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para justificar el indulto parcial concedido a nueve dirigentes políticos independentistas que llevan ya tres años y medio en la cárcel. Pretendió enarbolar que «la democracia española demuestra hoy su grandeza». Pero no se puede ocultar que la víspera, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa había dejado constancia de la desproporción de las condenas, aconsejado la excarcelación de los prisioneros, el abandono de las causas pendientes (amnistía) y dejar atrás los procesos de extradición puestos en marcha. Europa duda de semejante grandeza.

El presidente del Gobierno quiso dejar claro que la decisión del Consejo de Ministros «no pone en cuestión» la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Pero sostuvo que hay «razones de utilidad pública» para conceder los indultos, puesto que es necesario «restablecer la convivencia y la concordia» en la sociedad catalana y la española.

En concreto, Pedro Sánchez habló de que el Gobierno ha tomado esta decisión porque «es la mejor para Cataluña, para España, y la más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución».

La parcialidad de la decisión quedó en evidencia cuando afirmó que «la sociedad española quiere una Cataluña próspera, plural y solidaria y con alto grado de autogobierno, una Cataluña sin España ni sería europea ni próspera». Añadió que «España sin Cataluña no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña. Esta certeza es el norte que guía nuestro camino. Hay camino».

Ese, precisamente, es el núcleo de este conflicto, que va más allá de las excarcelaciones.

Además, incidió en que son indultos parciales, que mantienen la condena por inhabilitación, y que están sujetos a una «condicionalidad», porque todos «quedan condicionados a que no se cometan delitos graves» en un plazo que va de los 3 a los 6 años, según la condena de cada cual. Pedro Sánchez avisó de que «de lo contrario, quedarían sin efecto» los indultos. También es cierto que cualquiera que cometa un delito grave es evidente que tendrá que rendir cuentas ante los tribunales.

Unidas Podemos pide perdón

Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, pidió «perdón» a los nueve presos por el retraso en la concesión de los indultos, pero reivindicó que esta medida no implica «debilidad» sino la «fortaleza de la democracia».

En una rueda de prensa ofrecida en el Congreso, el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, sostuvo que estos son «los indultos con más legitimidad democrática de la historia» y aunque no son la solución al conflicto catalán, sí constituyen «un primer paso imprescindible».

Firma irresponsable de Felipe

Después de la decisión del Consejo de Ministros, el rey Felipe VI se vio en la obligación de firmar los indultos para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor. El refrendo de la medida de gracia es obligatoria para el monarca, que en todo caso, según el artículo 56.3 de la Constitución, no es responsable de lo que hace.

El debate sobre la firma borbónica no se habría producido si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no hubiera aprovechado la convocatoria del trifachito en la plaza de Colón, para preguntarse ante los medios «¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?». Luego añadió que «desde la Comunidad de Madrid queremos reivindicar la unidad de España, la soberanía del pueblo, la Constitución y también el papel del Rey».

El president, puntualiza

Tras haber escuchado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en las escalinatas de la Moncloa, el president del Govern, Pere Aragonès, compareció al frente de todo su Ejecutivo en la Sala Gótica del Palau de la Generalitat. Desde allí quiso dejar claro que los presos salen de la cárcel con la «voluntad reforzada de construir una república catalana» y demandó amnistía porque aún hay muchos otros procesos en marcha. Además, propuso la necesidad del diálogo y de un referéndum de autodeterminación.

Después de tres años y medio «privados injustamente de la libertad», el president afirmó que los presos independentistas saldrán de la cárcel con la cabeza bien alta y los ideales intactos. Salen –declaró– con la voluntad reforzada de construir una república catalana libre y justa, europea y próspera. Salen con el convencimiento de que es la hora de respetar la voluntad popular de los catalanes para resolver definitivamente el conflicto entre Catalunya y el Estado español».

Pere Aragonès, respaldado por su Ejecutivo, declaró que «es la hora de poner fin a la represión». Y tendió la mano y aclaró que «es la hora de un referéndum acordado y que cuente con el aval internacional, como desea una amplísima mayoría de la población de Cataluña. Amnistía y autodeterminación. Libertad y democracia. Negociación y acuerdo. Es el momento de volver a hacer política. Afrontémoslo –apostilló– con la máxima exigencia y con el compromiso de encontrar una salida acordada que respete la voluntad popular del pueblo de Cataluña».

Por su parte, la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los indultos a los condenados por el procés son insuficientes porque, a su juicio, el 75% de los catalanes exige la convocatoria de un referéndum, incluido el 51% de los que votan al PSC.

Para las CUP, los indultos «intentan ser una primera piedra de una operación de Estado impulsada por el Gobierno español y las élites económicas que pretenden cerrar el proceso en un pacto entre despachos».