Ingo NIEBEL
Colonia

EL ESTADO ACTÚA CONTRA LA INFILTRACIÓN NEONAZI EN SUS ESTRUCTURAS

El titular de Interior de Hesse ha disuelto todo un grupo de élite de la Policía de Frankfurt por un chat ultraderechistas. Ha seguido el ejemplo del Ministerio federal de Defensa, que reformó por la misma razón a sus Fuerzas Especiales. La suma de casos aislados evidencia estructuras violentas en el seno del Estado que amenazan el orden constitucional.

Hace dos semanas saltó la noticia de que el ministro de Interior de Hesse, el demócrata cristiano Peter Beuth (CDU), y el director de la policía de Frankfurt, Gerhard Bereswill, decidieron disolver el Comando Especial de Intervención (SEK). «No se puede seguir como hasta ahora», argumentó Beuth. Su decisión es insólita porque afecta a un grupo de élite de la Policía. Sus integrantes, una veintena de agentes, habían intercambiado mensajes de contenido ultraderechista, esvásticas e imágenes de Hitler en varios chats. Pero el escándalo va más allá dado que afecta a otra treintena de policías que trabajan en otros departamentos.

La Fiscalía les investiga por diferentes tipos de delito, Por un lado, apología del nazismo, ya que el Código Penal castiga la difusión de símbolos nazis. Por otro, cinco agentes comentaron sus horarios de servicio, clasificados y confidenciales, en sus chats. Tres superiores se enfrentan a procedimientos disciplinarios por haber tenido conocimiento de los chats y no haber actuado conforme al reglamento para impedir este tipo de infracciones. Los chats se descubrieron en los móviles que la Fiscalía de Maguncia incautó a un agente del SEK de Frankfurt, sospechoso de haber difundido pornografía infantil.

Que el escándalo salte en Hesse no ha sorprendido del todo porque este land en el centro de Alemania ha llamado la atención precisamente por varios sucesos relacionados con la ultraderecha y el neonazismo violentos. Hace un año, Tobias R., un alemán con problemas síquicos, mató por motivos racistas a diez personas –nueve de origen extranjero y a propia su madre– antes de suicidarse. Los familiares de las víctimas siguen denunciando que no se ha esclarecido del todo el crimen porque, aseguran, la Policía tardó mucho en acudir al lugar de los hechos y el SEK de Frankfurt dejó pasar cinco horas hasta que asaltó la casa del autor. ¿Tenía que ver algo en ello que su padre y los policías de élite compartían ideas ultraderechistas?

En 2019, un neonazi confeso mató al gobernador civil de Kassel, Walter Lübcke, en la terraza de su casa. El demócrata cristiano había respaldado la política de la canciller Angela Merkel (CDU) de acoger a millón y medio de refugiados en 2015/2016.

También la organización Clandestinidad Nacional Socialista (NSU) actuaba en Hesse. Un agente del servicio secreto interior, de tendencia ultraderechista, presenció al menos un crimen y no dijo nada. La NSU quedó descubierta, en 2011, cuando dos de sus integrantes se quitaron la vida, según la versión oficial. Había matado a nueve personas de origen no alemán y a una policía. Hasta hoy, el bipartito de la CDU y de los Verdes bloquea la entrega de documentos clasificados a la comisión parlamentaria de Wiesbaden que investiga la actividad de la NSU en Hesse.

Un problema que se extiende

Sin embargo, el problema del ultraderechismo en las filas de la Policía y del servicio secreto regional se extiende por toda la República Federal y afecta también a las Fuerzas Armadas.

Actualmente la atención se ha centrado en el Comando Fuerzas Especiales (KSK) de la Bundeswehr. Como el SEK, el KSK constituye un grupo cerrado de hombres que operan de forma secreta, fuera del control público y que son propensos a un pensamiento elitista. El inspector general de la Bundeswehr, Eberhard Zorn, ha constatado que en la unidad especial existe «una interpretación equivocada de lo que son élite y tendencias extremistas». Por eso, la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), se ha visto obligada a disolver una compañía del KSK. Además, ha destituido al comandante porque el general ofreció una «amnistía» a aquellos soldados que en un determinado plazo de tiempo devolviesen los 40.000 cartuchos que faltaban en el arsenal.

‏Se han descubierto varios casos en los que policías y militares de élite acudieron, llevando su propio material, a cursillos organizados por empresas privadas en los que coincidían con integrantes de grupos ultras –como por ejemplo el Gruppe S. o Nordkreuz– que preparaban una guerra civil. El primero quería provocarla mediante atentados, el segundo disponía, además, de listas de personas –cargos electos y políticos– a las que pretendía detener y quizás matar.

‏En todo este entramado no faltan las relaciones con la xenófoba Alternativa para Alemania (AfD). Varios oficiales ocupan cargos de relevancia en el partido, pero ellos y otros funcionarios públicos deberían temer por sus puestos de trabajo. El servicio secreto interior (BfV) quiere espiar a la AfD por considerarla anticonstucional. La decisión depende del veredicto de la Justicia.

‏Así, el Estado alemán quiere defenderse de una amenaza que le ha surgido, por negligencia, en su seno. Paralelamente a las investigaciones, reformas y juicios, el Ministerio de Defensa sigue con su política de erradicar las ideas nazis de las Fuerzas Armadas. Su Museo Histórico Militar de Dresde acaba de inaugurar una exposición especial que desmitifica a los paracaidistas de Hitler, cuya fama sigue inspirando el elitismo militar como el del K