Hay quien dice que en estos momentos se debe orillar el debate sobre el Nuevo Estatus y centrarse en la lucha contra el covid-19. Pero ver al lehendakari Iñigo Urkullu buscando titulares de entrevistas y enviando cartas a la Moncloa pidiendo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que (por favor, por favor, por favor) le permita obligar a llevar la mascarilla al aire libre (lo que está poco claro que sirva de mucho) evidencia que algo más de soberanía nos vendría bien, incluso para ser nosotros y nosotras quienes nos equivoquemos.

Lo que llama la atención en todo este debate es que nadie se acuerda ni menciona la Ley Antipandemia que el Parlamento de Gasteiz aprobó con el apoyo de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU el 24 de junio, entró en vigor el 1 de julio y tuvo que ser corregida una semana después. Pero lo que no podemos olvidar es que la utilidad y hasta la urgencia de esta ley se basó en que garantizaba una «seguridad jurídica» que ahora nadie ve.

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria aseguró en aquel pleno que la ley pretende «tener el soporte jurídico más sólido posible para no ver, de nuevo, la inseguridad que ha provocado el sometimiento a las decisiones del Tribunal Superior de Justicia». A lo que añadió que «esa seguridad jurídica se basaría, según lo que dijimos, en exprimir al máximo nuestras competencias, sin con ello romper el marco jurídico actual y aceptando las normas básicas reguladoras». Su socio del PSE Ekain Rico incidió en que la necesidad de la ley se basaba en «dotarnos de instrumentos eficaces en los supuestos de mantenimiento de un estado de alarma o una situación de emergencia sanitaria para responder a la situación de riesgo que vivimos por esta pandemia, con medidas sanitarias y preventivas recogidas en el texto de la ley y explorando nuestras propias competencias en el marco de la Ley Orgánica de Salud Pública».

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, defendió su apoyo a la ley asegurando que habían corregido algunas fallas de inconstitucionalidad, y también su carácter excesivamente punitivo al eliminar las menciones a la reincidencia. Afirmó desde la tribuna que lo hicieron «con el objetivo de ser útiles para hacer una política constructiva y, sobre todo, en terrenos que son tan sensibles como la salud pública».

Los tres portavoces atacaron a la oposición por calificar la ley de inútil, pero los hechos son los hechos. Entró en vigor el 1 de julio y solo una semana después el lehendakari firmó un decreto para corregirla, porque la ley obliga al uso de la mascarilla al aire libre, lo que el Gobierno español liberalizó el mismo día que el Parlamento de Gasteiz aprobó la norma.

A la semana siguiente, el 15 de julio, Iñigo Urkullu firmó otro decreto haciendo como que prohibía «la permanencia en grupos de personas no convivientes o en aglomeraciones de personas, durante la franja horaria que va de las 00:00 horas a las 06:00 horas, en los parques, jardines, playas, zonas deportivas, pistas de patinaje o espacios de uso público al aire libre similares». «Hacía como que» prohibía porque no podía prohibir ni con Ley Antipandemia ni sin ella.

Como antes de que se aprobara la ley que se decía daba seguridad jurídica, Lakua tiene que pedir permiso al TSJPV para tomar este tipo de medidas y el lehendakari no quiere.

La inutilidad de la Ley Antipandemia está admitida por juristas. El pasado lunes por la mañana, el catedrático Juanjo Álvarez apuntaba en Radio Euskadi que «desde el punto de vista práctico» una «ley ad hoc anticovid, en la que una gran parte de sus medidas cuelga de lo que pueda permitirle hacer un tercero, no es una ley efectiva». No culpaba de ello a los redactores de la propuesta sino «al sistema». Pese a tener las competencias sanitarias, la CAV no puede restringir libertades y derechos fundamentales, para lo que necesita «el paraguas» de un Estado de Alarma (o quizá de Excepción, según el TC) o de la autorización judicial.

Por su parte, en una entrevista en DV, el expresidente del TSJPV Juan Luis Ibarra aseguraba ya el 5 de julio que «soy doctor en Derecho y no logro saber qué rige de la Ley Antipandemia vasca».

Al final, de la aprobación de aquella ley lo único que ha quedado es la operación política de proclamar a Elkarrekin Podemos-IU como «oposición útil». En ello han insistido PNV y PSE reiteradamente.

Lo llamativo es que el 9 de junio, al anunciar el acuerdo, nadie supiera explicar qué utilidad prácticas tenía la ley sobre carecer de ella. Ahí seguimos.