A 85 años del golpe de Estado del general Franco, el Consejo de Ministros español aprobó ayer la Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que sobre papel sitúa a las víctimas de la Guerra del 36 y la dictadura como eje de la «acción política» del Gobierno español. Se trata de una nueva norma que pretende ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007.

Entre otras medidas, el ministro Félix Bolaños anunció que el anteproyecto de ley pretende «resignificar» el Valle de los Caídos, de modo que los restos del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un «lugar preponderante» y recoge la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Asociaciones memorialistas han advertido que la nueva norma se queda corta y por ello tratarán de influir en las formaciones parlamentarias para cambiar algunos términos antes de su aprobación definitiva.

La diputada de EH Bildu Bel Pozueta destacó en Twitter que «sin poner fin a la impunidad franquista, no habrá una memoria inclusiva y completa como exigen las asociaciones».

En un acto conjunto el pasado domingo en Gasteiz, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, IU-Ezker Anitza y Equo Berdeak, subrayaron que esta nueva ley «debe ser una oportunidad para avanzar en la verdad, la justicia y la reparación. Debe garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y eliminar los obstáculos a la investigación. E incorporar la perspectiva de género para investigar, sancionar y reparar las formas específicas de represión que sufrieron las mujeres».

La consejera de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales de Lakua, Beatriz Artolazabal, hizo una primera valoración «positiva», aunque, añadió que «el avance real vendrá con la reforma de la Ley de Secretos».

Desde ERC, su portavoz Gabriel Rufián, señaló que su posición es «muy contraria» al texto presentado ayer.

El portavoz de la CUP, Albert Botran, lo tildó de «muy insuficiente» e incidió en que carece de medidas para que sea devuelto el patrimonio que fue requisado a sindicatos y partidos.