Entre febrero y diciembre de 2020 la CAV perdió 1.371 empresas. Así lo revela la Memoria Socioeconómica presentada ayer por el Consejo Económico y Social Vasco (CES), que advirtió de que el PIB cayó un 9,5% el pasado curso.

En una rueda de prensa, la presidenta del CES, Emilia Málaga, y el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, Jon Barrutia, destacaron que el ejercicio 2020 supuso una importante pérdida de empleos, «mitigada en gran medida por los ERTE, gracias a un apoyo público sin precedentes». A su juicio, «resulta fundamental» seguir atendiendo a los sectores más afectados, como son la hostelería y la metalurgia, impulsando políticas activas de empleo que den respuesta a las necesidades de las personas jóvenes.

Además, aseveraron que los fondos europeos Next Generation son «claves para coadyuvar a una recuperación en clave de progreso, y no solo de crecimiento del PIB».

En su memoria, el CES alerta también del impacto demográfico «excepcional» provocado por la pandemia, con más de 3.000 los fallecidos en la CAV, que, según el informe, no tiene «capacidad endógena de crecimiento vegetativo». Indica que los saldos migratorios positivos compensaron el crecimiento negativo, aunque alerta del «enorme desafío demográfico».

Respecto al Sistema de Protección Social, el CES considera necesario «un análisis de la incidencia de la epidemia en función de la vulnerabilidad social»; y aboga por debatir sobre la «sostenibilidad y equidad» del sistema, «con la adaptación a las nuevas realidades y crecientes necesidades derivadas de la pandemia».

En referencia al ámbito sanitario, el CES reconoce que la pandemia tensionó al máximo el sistema sanitario de la CAV, aunque este fue «capaz de responder razonablemente ante una situación extrema». Y propone vigilar dos cuestiones directamente relacionadas con el covid-19: la salud mental de la población y la adecuada atención a las personas con covid persistente.

Por último, constata que la oferta de vivienda en alquiler se redujo en 2020, y alerta de que el parque protegido «resulta escaso, por lo que preocupa su impacto en amplios colectivos, como la juventud y las personas con menos recursos».