La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. En esos tres avisos que llegaron a la defensa, según el diario “El País”, se le invitaba a personarse en el caso, pero no lo hizo.

Las notificaciones se habrían producido antes de diciembre de 2020, cuando el emérito presentó una regularización fiscal –una declaración voluntaria– ante la autoridad tributaria en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.

Si la Fiscalía confirma que las notificaciones fueron formales, algo que aún no ha hecho, estos pagos no le eximirían del supuesto delito por el que se le investiga ya que esta posibilidad solo se contempla si la regularización se lleva a cabo antes de tener conocimiento formal del inicio de diligencias, según el artículo 305.4 del Código Penal.

La investigación sobre Juan Carlos de Borbón se refiere a posibles delitos derivados del uso por el exjefe de Estado de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Tras esa primera regularización, se produjo una segunda por rentas no declaradas durante varios ejercicios, y por medio de la que Juan Carlos de Borbón abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

Esa segunda declaración era relativa al pago de ocho millones de euros por la Fundación Zagatka, propiedad de Alvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados.

El rey aparecería como beneficiario de esta fundación, aunque Casa Real explicó que Juan Carlos desconocía esta información.

Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, momento en que perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.

Todavía no se ha presentado querella alguna contra el emérito, quien permanece en Emiratos Árabes Unidos desde hace más de un año.

PSOE: «No toca opinar» Podemos: «Es un prófugo»

La portavoz del PSOE, Eva Granados, no quiso valorar las notificaciones a Juan Carlos de Borbón sobre las investigaciones abiertas contra él por posibles delitos fiscales, y aseguró que «no toca» opinar sobre ellas. «No vamos a valorar filtraciones, ni investigaciones judiciales en curso», insistió. El otro socio en el Gobierno español, Unidas Podemos, por el contrario, aseguró que las informaciones revelan que Juan Carlos de Borbón es un prófugo y que lo sucedido es «gravísimo». La coportavoz de la formación, las Serra, señaló que si se avisó hasta en tres ocasiones al emérito de que estaba siendo investigado, implica que su regularización fiscal no fue legal, y apuntó que debe investigarse al emérito no solo por los posibles delitos que se le atribuyen y su presunta corrupción, sino también por esta circunstancia.GARA