El ataque xenófobo a migrantes venezolanos acampados en la localidad de Iquique, en Chile, ha provocado reacciones de indignación.

Unos 3.000 manifestantes quemaron el sábado carpas, mantas, juguetes y colchones que eran utilizados por personas que pernoctaban en espacios públicos a la espera de una solución a su situación migratoria.

El ataque siguió al desalojo policial de un campamento que los migrantes habían levantado hace un año. La mayoría de ellos, pobres y sin papeles, se encuentran bloqueados y sobreviven con pequeños trabajos.

«Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal», denunció el relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes Felipe González Morales. «El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo», añadió.

Amnistía Internacional condenó «los crueles acontecimientos» de Iquique, consecuencia «de una política de gobierno que ha apuntado a criminalizar la migración, vinculándola a la delincuencia e incentivando discursos intolerantes hacia las personas extranjeras». Además, denunció la coacción policial del Estado y el violento desalojo de los migrantes.

Pese a todo, el Gobierno de Sebastián Piñera defendió el desalojo y avisó de que seguirá expulsando migrantes.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, repudió las agresiones y la xenofobia y exigió a las autoridades chilenas que respeten la integridad física de los migrantes venezolanos.