El Tribunal Constitucional (TC) sentenció como inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pleno, muy dividido de nuevo, se decantó por declarar la inconstitucionalidad por seis votos contra cuatro.

Según fuentes jurídicas, el Pleno del Tribunal Constitucional estimó finalmente el recurso de amparo de Vox y tumbó también el segundo estado de alarma, lo que supone otro revés contra la estrategia jurídica del Ejecutivo de Sánchez durante la pandemia tras declarar ilegal el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria.

Más allá de lo político, la sentencia resulta relevante por sus consecuencias prácticas, principalmente, que las multas que se impusieron en función del régimen de excepcionalidad en Hegoalde quedan ahora sin fundamento, por lo que habrá que articular algún tipo de mecánica de devolución.

El tribunal considera que fue «inconstitucional» la prórroga de seis meses de la alarma «al no haberse ejercido un control periódico por parte del Congreso de los Diputados sobre esta medida», según apuntan medios estatales. El TC entiende, de esta forma, que se obligó al Congreso a renunciar a su función de controlar al Gobierno.

La sentencia cuenta con votos particulares del presidente, Juan José González Rivas, y los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Estos cuatro magistrados defendían la constitucionalidad y el paraguas legal de la cobertura jurídica que empleó el Ejecutivo para amparar la declaración del segundo estado de alarma seis meses.

Precisamente, ese plazo es una de las cuestiones que inclinó la balanza hacia la «inconstitucionalidad» ya que el sector conservador se ha amparado en el «plazo excesivo» del decreto.

Al contrario que con el primer estado de alarma, que se prorrogaba cada quince días, con el segundo el Gobierno determinó un período de seis meses que fue aprobado mayoritariamente por el Congreso.

El otro motivo que justificó la estimación del recurso es la denominada cogobernanza con las comunidades autónomas a la hora de acordar limitaciones de derechos fundamentales que, de acuerdo al criterio del tribunal, no correspondía adoptar a las autonomías.

A Nafarroa le toca devolver

El mismo día en que se conocía la inconstitucionalidad del segundo periodo de alarma, el Gobierno navarro decidió anular las multas por incumplimientos de la normativa establecida por el coronavirus durante el primer estado de alarma que estuvieran sin pagar y, además, ordenó devolver todas las multas cobradas por este concepto por la Hacienda Foral. Lakua ya había tomado esta decisión con anterioridad.

El acuerdo fue adoptado tras analizar la sentencia del TC del pasado 14 de julio por el que se anulaban los apartados 1, 3 y 5 del Real Decreto de 14 marzo por el que se declaró nulo el primer estado de alarma.

La determinación fue comunicada en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno, por el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, quien indicó que se está estudiando «la forma más ágil para proceder a la devolución» .