La disputa entre Varsovia y Bruselas por la independencia del poder judicial se agravó ayer con la condena de Polonia a pagar una multa de un millón de euros diarios por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que castiga así el incumplimiento por parte de Varsovia de una sentencia que el 14 de julio ordenó el cese inmediato de las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco.

Este organismo, parte de la controvertida reforma del sistema judicial polaco, se encarga de supervisar a los jueces, con el poder de levantar su inmunidad para exponerlos a procesos penales o reducir sus salarios.

El jefe del Gobierno ultraconservador polaco, Mateusz Morawiecki, se había comprometido a abolir este órgano y anunció su supresión en agosto, pero todavía sigue funcionando.

El TJUE había estimado en julio que esta sala «no ofrece todas las garantías de imparcialidad e independencia» y «no es inmune a las influencias directas o indirectas de los poderes Legislativo y Ejecutivo».

«El cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas el 14 de julio es necesario para evitar daños graves e irreparables al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, así como a los valores en los que se fundamenta esta Unión, en particular el del Estado de derecho», subrayó ayer en la resolución dictada por el incumplimiento de la anterior sentencia.

La sanción de un millón de euros diarios, que había pedido la Comisión Europea, se aplicará en cuanto le sea notificada a Polonia la orden del Tribunal.

El conflicto entre Varsovia y Bruselas por las reformas judiciales emprendidas por el Partido Conservador Nacionalista (PiS) ha aumentado desde el fallo del 7 de octubre del Tribunal Constitucional polaco, que declaró que ciertos artículos de los tratados europeos eran incompatibles con la Constitución nacional. Bruselas criticó un ataque sin precedentes al Estado de derecho de la UE y a las decisiones de la Corte. En la cumbre de la semana pasada, los Veintisiete prefirieron seguir apelando al diálogo reservándose la posibilidad de posteriores medidas de represalia. De momento, la Comisión ha congelado el plan de recuperación post-covid de 36.000 millones de euros.

Por su parte, el Gobierno polaco amenaza con bloquear legislación en asuntos clave de la UE como la migración y el cambio climático.

Varsovia vuelve a denunciar «chantaje» y «abuso»

«El TJUE desprecia e ignora por completo la Constitución polaca y las sentencias del Tribunal Constitucional. Actúa fuera de sus competencias y abusa de las sanciones económicas y otras medidas provisionales», afirmó el viceministro de Justicia polaco, Sebastian Kaleta, sobre la sentencia del tribunal europeo. «Ésta es la siguiente fase de una operación para impedir la soberanía de Polonia en (la ordenación de) su propio sistema de Estado, es una usurpación y un chantaje», añadió. El presidente del Congreso, Ryszard Terlecki, del gubernamental partido Ley y Justicia (PiS), afirmó, por su parte, que «no hay que entrar en pánico», al tiempo que advertía de que Varsovia «no ha pagado nada todavía».

Se trata de la tercera sanción europea contra Varsovia, tras la de 100.000 euros diarios por permitir la tala de árboles en el bosque protegido de Bialowieza y otra, de 500.000 euros al día, por mantener en funcionamiento la mina de carbón de Turow, denunciada por la República Checa por sus efectos contaminantes.GARA