Las víctimas de ETA ya cuentan con sus normativas para recibir reconocimiento y reparación, pero PP y Vox han decidido usarlas también para tratar de desfigurar la Ley de Memoria Democrática que presenta el Gobierno de Lakua. EH Bildu subraya las carencias reales en otros campos.

Los grupos de la oposición se mostraron dispuestos ayer a «mejorar» el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática elaborado por el Ejecutivo de Urkullu con la intención de reconocer a las víctimas del franquismo y repararlas moralmente. Judicialmente no, porque lo impide la Ley de Amnistía que puso el punto final a esos cuarenta años de dictadura, crímenes y represión.

Lo más llamativo del debate en comisión fue la actitud de PP-Cs y Vox, que intentaron recrear que esta norma excluye a las víctimas de ETA, cuando es evidente que ya tienen otras normativas para obtener su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Así se lo recordó la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Beatriz Artolazabal explicó los detalles de esta norma que inicia ahora su tramitación, situando su objetivo en «la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura».

Resucitar fantasmas

«No es un ley de bandos. No es una ley para resucitar ningún viejo fantasma. Es una ley para restituir la dignidad a quien no se le ha restituido. Es una ley para reparar la injusticia», planteó Artolazabal.

Desde la oposición, tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos-IU saludaron la llegada de este proyecto, aunque consideraron que podría haber llegado antes y que tiene margen de mejora, mientras que ni PP+Cs ni Vox creen que sea necesario, al estar en vías de aprobación una ley estatal y al discrepar por diversos motivos con su contenido.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga opinó que el texto «pone el listón muy bajo», porque no sitúa a las víctimas del franquismo «en el centro» y las considera «un mero decorado». Aprecia una ley «meramente conmemorativa».

En este sentido, aseguró que a las víctimas contempladas «no se les otorgan los mismos derechos que a otras» y recordó que se ven «condenadas a ir a Argentina a buscar la justicia que aquí se les deniega». No obstante, se mostró dispuesto a trabajar en favor del acuerdo, aunque dejó claro que su grupo va a ser «exigente y ambicioso».

«Debe ser mejorada»

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández señaló que su coalición se va a tomar muy en serio este debate para que el resultado final tenga un «amplio respaldo» y satisfaga los planeamientos de los testimonios de los movimientos memorialistas.

Indicó que reparar a las víctimas es muy relevante, pero remarcó que esta «no debe ser una ley de víctimas para evitar debates interesados», al tiempo que defendió que esta norma «debe ser mejorada». «Se lo debemos a quienes defendieron la democracia», dijo.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio partió de la base de que este proyecto no es necesario, en opinión de su grupo, al estar en tramitación en el Congreso de Madrid la ley estatal y, además, criticó que está «incompleto».

Y lo sostuvo con un argumento estrambótico, al calificar de «ausencia clamorosa» la de las víctimas de ETA como «una protagonista macabra y asesina de buena parte del periodo» franquista, obviando completamente que estas víctimas ya tienen sus normativas propias desde hace muchos años. La última versión es la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, del año 2011.

También aseveró Barrio que echa en falta que no se mencione a «los asesinados extrajudicialmente en la guerra civil por las hordas milicianas» y en distintas prisiones.

Artolazabal respondió que en la base de datos de víctimas hay registradas 20.000 personas fallecidas en la contienda, pero que la ley tiene como objetivo «restituir en su dignidad a quienes vieron vulnerados sus derechos por defender los valores democráticos y no a quienes vulneraron derechos en nombre de un gobierno militar y su dictadura».

Amaia Martínez (Vox) dejó claro que esta ley no le gusta porque «hubo una época que hubo una dictadura franquista, pero también hubo una dictadura del terror y esa no está contemplada».

Desde los partidos que apoyan al Gobierno de Lakua, Iñigo Iturrate (PNV) consideró «oportuno» hacer pedagogía ética y democrática en un momento en el que «negacionistas de distinto pelaje se hacen fuertes», mientras que Miren Gallastegi (PSOE) insistió en que es una ley «muy necesaria y deseada que salda una deuda histórica».