Noviembre de 1975. Tras la muerte del dictador Franco se inicia la reforma de su régimen: es preciso cambiar muchas cosas para mantener lo esencial. Franquistas de todo pelo y condición se cortan el bigotillo fascista y aprenden a deletrear la palabra democracia. En junio de 1977 se celebran las primeras elecciones en cuarenta años que son ganadas, of course, por quienes las han diseñado y organizado: la UCD.

Tras ellas, en Catalunya, Euskadi, Galiza, Aragón, Canarias, Andalucía, País Valenciano... se crean distintos gobiernos preautonómicos. Se trata de órganos provisionales que respondían a los recientes resultados electorales de cada territorio. Navarra, sin embargo, fue la excepción a esto. La Diputación franquista de Amadeo Marco siguió timoneando el poder en aquellos años decisivos (1977-1979), condicionando de forma antidemocrática la transición navarra. Mientras, en diciembre de 1978, se aprobó la Constitución, fijándose en ella, entre otras cosas, los límites competenciales autonómicos.

Tras ello, en abril de 1979, se realizaron las primeras elecciones al Parlamento Foral. La Diputación franquista fue sustituida por otra presidida por Jaime Ignacio del Burgo y formada por cuatro diputados de UCD, uno del PSE (el actual PSN se llamaba entonces PSE y su «E» final quería decir «Euskadi»), uno de HB y uno un último en representación de varias candidaturas populares. En este marco comenzó la negociación del Amejoramiento.

A un lado de la mesa, la delegación del Gobierno central de UCD, presidida por Martín Villa. Al otro, tres miembros de UCD, otros tres del PSE y uno más de UPN. La representación parlamentaria de HB, el PNV, las candidaturas populares y el Partido Carlista (casi un tercio del electorado) fue ninguneada en la negociación. Aun con todo, el mayor déficit democrático fue ver que Navarra sería el único territorio histórico del Estado (Catalunya, Euskadi, Andalucía, Galiza) en el que su estatuto no se sometió a referéndum.

Tras la negociación, en marzo de 1982, el Amejoramiento fue aprobado en el Parlamento Foral (votos de UCD, PSE, UPN y Partido Carlista), entrando en vigor en agosto del mismo año, tras obtener el plácet en Madrid del Congreso y el Senado. Desde entonces, su texto ha permanecido prácticamente inalterado. Sus dos únicas reformas, en 2001 y 2010, han sido de segundo orden, no competenciales, ni referidas a su estatus institucional.

Mientras tanto, tan solo en los últimos diez años, diecisiete leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra han sido recurridas por el Gobierno central, suspendidas casi siempre y, en su gran mayoría, anuladas finalmente por el Tribunal Constitucional. Nuestro Parlamento, en vez de legislar atendiendo a las necesidades de nuestro pueblo, lo hace mirando de costadillo a Madrid y autocensurándose, por miedo a ver suspendidas y anuladas sus propias leyes.

Por otro lado, la Navarra de hoy es muy distinta a la de 1982. Empezando por su población, entonces de 365.000 personas y hoy de 483.000, se puede afirmar que las tres cuartas partes de la actual ciudadanía en edad de votar no participó en modo alguno en el proceso de aprobación del Amejoramiento por no tener edad para hacerlo, haber nacido con posterioridad o haber llegado de otros países a compartir su vida con nosotras y nosotros.

Pero es que, además, la Navarra de 2021 difiere mucho de la de entonces. Su economía ha cambiado: sectores primario, industrial y de servicios, penetración de capital extranjero, integración en la UE, moneda única... También es muy diferente sociológicamente: envejecimiento poblacional, inmigración (10% de la población), precariedad laboral... Lo mismo sucede ideológicamente, pues las creencias, el feminismo, la conciencia ecológica, la cultura, el euskara... han evolucionado mucho en estos años.

En resumen, al importante déficit democrático en origen sumamos el contar con una sociedad muy diferente y unos nuevos retos a los que hacer frente. Pues bien, ¿no es hora ya de dotarnos de un régimen institucional y competencial adecuado a estos tiempos que vivimos? Las leyes, los estatutos y las constituciones no son Biblias ni Coranes, escritos por la mano divina, eternos e intocables, sino normas hechas por y para las personas, no al revés.

Días pasados, el Parlamento navarro ha votado a favor de crear una ponencia encargada de estudiar la actualización del Amejoramiento. Junto a ello, se realizarán unas jornadas con especialistas del mundo académico y universitario. Pues bien, es evidente que esto debe ser saludado positivamente, pues supone reconocer la necesidad de actualizar nuestro régimen institucional a la realidad que vivimos. Ahora bien, dicho esto, es necesario hacer hincapié en algunos aspectos esenciales dejados de lado en la resolución.

En primer término, debe señalarse que está bien realizar esas jornadas de carácter académico, pero lo que en realidad se precisa hoy, tras cuarenta años, es impulsar un proceso abierto dirigido al conjunto de la sociedad navarra y sus importantes grupos sociales, pues el debate a realizar no debe ser tan solo académico o institucional, sino ciudadano y popular. Y en segundo lugar, porque al final de este proceso participativo, social e institucional, el proyecto resultante debe ser sometido al refrendo ciudadano, subsanándose así el déficit democrático de origen con el que cuenta el Amejoramiento.

En la pasada legislatura, una proposición similar a la hoy aprobada en el Parlamento fue recogida en el Acuerdo de Gobierno, pero sin embargo nunca llegó a materializarse, ni siquiera parcialmente. Se pasó de puntillas sobre el tema. Esperemos pues que en esta ocasión al acuerdo tomado no sea una vacía declaración parlamentaria y que el cuarenta aniversario del Amejoramiento sirva para situar de nuevo este tema en el orden del día, no solo de las fuerzas políticas, sino también, y sobre todo, de las fuerzas sociales y el conjunto de la sociedad. La ocasión la pintan calva.