El último comunicado del Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) sobre los recibimientos expone una decisión audaz. Tras una consulta a sus militantes, han tomado la decisión de pedir que no se les hagan recibimientos masivos y públicos. Su voluntad es que en adelante «los recibimientos que se nos hacen al salir a la calle se produzcan de modo privado y discreto». Desmontan así las excusas a cuenta de los ongi etorris.

Lo cierto es que hace tiempo que la gran mayoría de estos actos de recibimiento no tienen ese carácter. Solo en casos contados habían trascendido imágenes de recibimientos populares a la llegada de los y las expresas a sus pueblos. Estos reencuentros celebraban entre otras cosas que sus vecinos habían sobrevivido a una política penitenciaria destinada a aislarlos y destruirlos como personas. Bastante tenían con eso; en ningún caso buscaban el escarnio de las víctimas.

Por el contrario, las filtraciones se habían convertido en parte de una agenda y buscaban explícitamente activar la herida de las víctimas. Las imágenes repetidas en medios y las reacciones orquestadas buscaban simular una crueldad ajena inexistente mientras ocultaban la suya latente, tanto al azuzar el dolor de las víctimas como al sostener una justicia basada en la venganza. Moralistas bajo la bandera de la impiedad, esa curiosa escuela de ética española.

Empatía y responsabilidad

La misiva de los presos y presas tiene como destinatarios a sus familiares, a su comunidad política y a la sociedad vasca. Se explica como una decisión política unilateral, coherente con los pasos dados en los últimos años para cambiar de fase histórica, tomada en conciencia y por considerarla la mejor opción para avanzar.

EPPK no se limita a decir que esta es la elección más inteligente dentro del juego político. Para fundamentarla, atiende a la demanda de víctimas que les han transmitido que los recibimientos les resultaban hirientes. «Decimos con claridad que nuestro deseo es aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía vasca», afirman. Es decir, EPPK tiene en consideración los sentimientos y el dolor de las víctimas. Con empatía, sin peros, con plena responsabilidad. Desgraciadamente, sin esperar una reciprocidad que sería muy constructiva.

El mismo día que se hacía público el comunicado, se homenajeaba en Iruñea a Sara Fernández, una de las dieciséis víctimas mortales de la dispersión. Esa política fue adoptada en pactos de Estado y sus promotores no se quieren hacer cargo de sus consecuencias. Ni siquiera hacen el ejercicio de intentar entender el dolor de esas víctimas. Por eso, entre otras cosas, apenas pueden disimular lo mal que les sientan las decisiones acertadas y bien argumentadas de los presos políticos vascos.

En este sentido, es una pena que los responsables que subrayan que el EPPK «llega tarde», desde Andoni Ortuzar hasta Denis Itxaso, no se comprometan acto seguido con impulsar pasos similares en sus parroquias. ¿Cuándo hará la Ertzaintza una evaluación autocrítica de su política represiva durante estas décadas y de las consecuencias trágicas que provocó? ¿Puede el delegado del Gobierno español hablar de los «firmes valores cívicos y éticos» que según él han forzado a los presos a tomar esta decisión sin ruborizarse, mientras pasa revista en el cuartel de Intxaurrondo?

Deben quedar en libertad cuanto antes

El compromiso con el país, la capacidad de sacrificio, la imaginación política y la destreza revolucionaria propician una tradición que es reconocible en cada paso y que a su vez no pierde la capacidad de sorprender. A estas alturas, lo que no es fácil. Estos presos y presas políticas vascas son un vestigio de la anterior fase histórica, que perdura porque el Estado y sus poderes consideran que esos rehenes les rentan, desgastan a su enemigo y retrasan escenarios democráticos. Pudiendo ser todo esto en parte cierto, no entienden que para un país pequeño, oprimido y luchador como el vasco, también son un capital político de primer orden.

En 2021, el precio que están pagando estas personas presas es inaceptable en términos de justicia, paz y Estado de Derecho. A través de una justicia transicional o restaurativa, deben ser liberados lo antes que se pueda. Sus compromisos son inequívocos, y los de la sociedad vasca y sus representantes no deberían ser menos.