El TSJC ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y ha dado diez días al Govern para ejecutarla. En su resolución, que puede ser recurrida, la letrada de la Sala de lo Contencioso del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo español ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el fallo.

La sentencia ordena al Govern garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Catalunya, aunque este ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística.

La sentencia ordena a la Generalitat garantizar que el castellano sea vehicular en un 25% de las materias para todos los alumnos, tras asegurar que su uso es «residual» y solo cumplen la ley el 2% de escuelas.

La Generalitat anunció que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Catalunya y, es más, que incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas.

También aseguró que el Departamento de Educación incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25% del castellano, como es el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona).

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmó en su perfil en Twitter que «el catalán no se toca y la escuela catalana tampoco», y añadió que «no permitiremos que se ponga en riesgo la cohesión social».

Aragonès explicó que «estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana» y pidió: «Basta ya de politizar la educación».

En sentido análogo, el conseller de Educación, Josep González Cambray, afirmó que la resolución «no cambia nada», por lo que la Generalitat «seguirá aplicando y dando cumplimiento a la Ley de Educación de Catalumya (LEC)». Dijo que su departamento responderá al TSJC cuando reciba su comunicación y recordó que la LEC «marca que, al acabar la etapa de educación obligatoria, los alumnos deben tener asumidas las competencias en lengua castellana y catalana».

Lamentó «la judicialización» que sufre el modelo educativo catalán, pese a que «ha sido de éxito y de cohesión social durante décadas», y ratificó el compromiso del Govern de «desplegar un nuevo marco normativo para fortalecer y normalizar el modelo lingüístico en Catalunya».

Llamamiento de Òmnium

La entidad Òmnium Cultural y su todavía presidente, Jordi Cuixart, llamaron a «defender el modelo de escuela catalana» y pidieron que «se ignore la sentencia». «Hace falta que se proteja al profesorado y al alumnado, y también que se garantice la cohesión social», apuntó Cuixart a través de Twitter.

Según Cuixart, «no se puede acatar una sentencia que ataca la escuela, la lengua y la convivencia», e instó a «blindar un consenso básico, ejemplo de cohesión y orgullo de país».