El Gobierno español aprobó ayer nuevas medidas para hacer frente a la situación económica que supondrá una inversión «superior a los 9.000 millones de euros», según anunció su presidente, Pedro Sánchez, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

«Este nuevo decreto supone un esfuerzo extraordinario, superior a los 9.000 millones de euros, con 5.500 millones en gasto para proteger a familias y 3.600 millones en reducción de ingresos por las rebajas fiscales», aseguró el jefe del Ejecutivo.

En total, el Gobierno prevé invertir hasta final de 2022 «cerca de 15.000 millones de euros, más de un punto del producto interior bruto (PIB)».

Medidas.

Entre las nuevas medidas anunciadas por Sánchez, y con el fin de fomentar el uso del transporte público, figura una reducción a partir del 1 de setiembre del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier tipo de abono de empresas de transporte estatal, como Renfe, y del 30% para los abonos de las modalidades de transporte que dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas, descuento que pueden ampliar con recursos propios hasta el 50%.

Asimismo, anunció un aumento del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, lo que supone un incremento de 60 euros al mes (360 euros de aquí a finales de año), una ayuda directa de 200 euros para autónomos y desempleados de bajos ingresos, que se podrá solicitar desde julio, y la limitación del precio máximo del butano, que estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre.

También se reducirá el IVA del recibo de la luz del 10% al 5% y se mantiene el resto de medidas relacionadas con la electricidad, como la ampliación del descuento del bono social, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción y reducción del impuesto de la electricidad.

En el ámbito de los carburantes, se prolonga igualmente hasta final de año la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible.

Con el objetivo de reforzar la protección a grupos más vulnerables, se mantienen las ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prohibición de suspender el suministro de energía, el tope a la subida de alquileres y que el aumento de costes energéticos no pueda suponer causa de despido en empresas que dependan de la Administración.

Asimismo, se prorroga a septiembre el aplazamiento del pago de cuotas a Seguridad Social, se aprueban ayudas directas a la industria gasintensiva, se prorrogan las ayudas a la sequía y se extienden las ayudas a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

El impuesto a las eléctricas, para 2023.

El Gobierno español presentará en «las próximas semanas» una proposición de Ley para diseñar un nuevo tributo que gravará «los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas», con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2023, explicó Sánchez.

Señaló, además, que este tributo, no incluido en el decreto de medidas anticrisis aprobado ayer, busca «garantizar un reparto justo de recargas y sintoniza con la opinión pública del país, con las medidas adoptadas por otros países del entorno y atiende a recomendaciones de la OCDE, la Unión Europea y el FMI».

El presidente del Gobierno insistió en que las cargas ocasionadas por la invasión de Ucrania deben «distribuirse con justicia, aportando más quiénes están en mejores condiciones». «Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y contribuir más al sacrificio colectivo», dijo.

Respecto al diseño de este nuevo impuesto, afirmó que se están estudiando los de otros gobiernos que han adoptado una medida similar, y añadió que Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual de 25% a los beneficios, «es un ejemplo al que estamos mirando de manera muy particular».