El cansancio de dos intensas y duras semanas de protestas se vislumbra en sus rostros, pero el ánimo de los miles de indígenas que se declaran «en pie de lucha» contra el Gobierno de Ecuador seguían ayer firmes, enardecido por las muertes de seis manifestantes registradas en los últimos días, a la espera de una respuesta del presidente, Guillermo Lasso, a su decálogo de demandas. Mientras, la Asamblea Nacional reanudó el debate sobre la conveniencia de destituir a Lasso, acusado por un sector opositor de provocar «la grave crisis política y la conmoción interna» que sacude al país desde el pasado 13 de junio.

Unos 14.000 indígenas protestan indignados por el elevado costo de vida y la pobreza que castiga a sus territorios agrícolas. En Quito, donde se concentran desde hace unos días, las marchas reclaman alivios como disminuir el precio de los combustibles y una moratoria de los créditos bancarios para los campesinos.

El jueves y viernes los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública se agravaron con la represión policial. No obstante, Lasso, que culpa de la situación a Leonidas Iza, presidente de la confederación indígena Conaie, al que acusa de querer derrocar al Gobierno, ordenó el sábado el fin del estado de excepción, bajo el cual impuso un toque de queda nocturno y militarizó la ciudad, en un intento de calmar la protesta indígena.

Ecuador ganó fama de ingobernable después de que las presión social encabezada por los indígenas obligara a dejar el poder a tres presidentes entre 1997 y 2005.

Pero las actuales son las protestas indígenas más largas de la historia reciente.