El presidente de Perú, Pedro Castillo, acusó a un sector de la oposición, de los medios y a la Fiscalía de querer «quebrantar el orden constitucional y democrático» tras el allanamiento el martes del Palacio de Gobierno para detener a su cuñada Yenifer Paredes, por su presunta vinculación con una red de corrupción.

«Son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección», dijo Castillo en una alocución tras calificar de «ilegal» el allanamiento a la residencia presidencial, que coincide, recordó, con la divulgación de un informe parlamentario que recomienda su «inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno».

Durante la jornada se realizaron varios operativos dirigidos por el fiscal Hans Aguirre, que se saldaron con el arresto de los empresarios Hugo y Anggi Espino y del alcalde de Anguía, en Chota (Cajamarca), José Medina Guerrero.

Las cuatro órdenes de detención preliminar fueron dictadas el viernes y ejecutadas el martes, salvo en el caso de Paredes, que ayer seguía en paradero desconocido. La Fiscalía implica a los cuatro en una presunta red corrupta enquistada en el Ejecutivo, que lideraría el propio jefe de Estado.

Los arrestos se dieron en el marco de una investigación fiscal que arrancó tras un reportaje de América Televisión, que difundió un vídeo en el que la joven, que fue criada como una hija por la pareja presidencial, dialogaba con pobladores de una comunidad de Chota para informarles de que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento, pese a no ocupar ningún cargo en el Gobierno. En el vídeo aparece junto a Hugo Espino, representante legal de la firma JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en setiembre ganó una licitación con el Estado de más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares).

Por este caso, la primera dama, Lilian Paredes, y su hermana Yenifer comparecieron en julio ante la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde la segunda negó cualquier injerencia en los contratos que Espino ganó con el Gobierno, pero admitió que sí trabajó para su compañía.

Según la tesis fiscal, Castillo sería el «jefe» de esta supuesta organización criminal enquistada en el Gobierno, que tendría a Medina y al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, como «cabecillas». Los «coordinadores», según esa tesis, serían la primera dama y el entorno familiar del presidente, mientras que los hermanos Espino y la cuñada de Castillo serían los «testaferros».

La salida al mar de Bolivia podría costarle el cargo

El allanamiento de la residencia presidencial de Perú se produjo el mismo día en el que se divulgó un informe parlamentario que recomienda inhabilitar políticamente durante 5 años y procesar política y penalmente a Pedro Castillo, que en julio cumplió un año en el poder, alegando que incurrió en «traición a la patria» al considerar un eventual referéndum sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia, algo que el presidente niega.

En una entrevista en enero de este año, un periodista de la CNN le preguntó a Castillo sobre unas declaraciones de 2018 en las que manifestaba estar a favor de que Bolivia tuviese salida al mar. «No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría cosas que el pueblo no quiera», respondió. «Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia«, agregó Castillo.

La Fiscalía tiene abiertas cinco causas contra el propio Castillo por supuesta corrupción, una situación sin precedentes contra un presidente en ejercicio.GARA