Trece meses después de que se pusiera fin al alejamiento extremo, la realidad muestra que 47 presos y presas vascas siguen fuera de Euskal Herria y que más allá de ello persiste la «cerrazón» de la Audiencia Nacional española ante el derecho a la libertad y la obtención de permisos. En ello incidieron ayer Joseba Azkarraga y Bego Atxa, en nombre de Sare, en Donostia, bajo este recordatorio general: «No pedimos ningún privilegio. Exigimos el fin de la excepcionalidad. No a criterios de lucha antiterrorista, cuando ya han pasado once años desde que desapareció la actividad de ETA y más de cuatro desde que se disolvió».

Su análisis partió desde la cuestión pendiente de cerrar el proceso de repatriaciones. Citaron la «evolución, si bien lenta, positiva» durante este año, pero recordando que se intercalan «auténticos parones y recientemente nuevos movimientos, que nos permiten albergar la esperanza de que lleguemos a ese kilómetro 0 en los próximos meses».

«La experiencia nos está demostrando que estos movimientos, que dependen de la Administración Penitenciaria española, se atascan, por lo que es necesario continuar insistiendo y empujando para que lo que ahora ya la inmensa mayoría política entiende que era un derecho indubitado: el de cumplir las penas en las cárceles más cercanas al domicilio de cada cual, se acabe respetando de manera absoluta y urgente», indicó Sare.

Las cifras en el Estado español son claras: cuatro años después de que Pedro Sánchez anunciara un cambio en la política penitenciaria, un 28% de estos presos está todavía ubicado lejos de sus casas en el Estado español, un total de 47. En los casos de Estremera, Topas, Dueñas o Daroca, hay que hacer más de 350 kilómetros desde Gasteiz (700 ida y vuelta) para tener «40 minutos de vista. Desgraciadamente, no podemos decir que la política de alejamiento haya finalizado».

«Atrapados en una tela de araña»

Si bien mostraron esperanzas en lo que resta de año, la situación es bastante peor en otra cuestión más sustancial, «conseguir que los presos/as vascos/as puedan abordar su vuelta a la sociedad o, con más precisión, su vuelta a casa, de acuerdo con la legislación ordinaria, sin quedarse atrapados en esa tela de araña que es la legislación de excepción».

«Ha sido un año desesperante, aunque se han dado tímidos pasos -resumieron Atxa y Azkarraga-. Algunas de estas personas han conseguido entrar en el régimen de permisos y otras han avanzado más y han sido progresadas al tercer grado, una forma de cumplimiento en semilibertad, que necesariamente debemos valorar positivamente. El problema se presenta cuando este proceso de vuelta a casa se ve interferido por la acción de diferentes órganos y administraciones, y todo ello, precisamente por la existencia de esa legislación excepcional en la que juega un papel determinante la Audiencia Nacional, con tres instancias en cuyas manos acaba todo: la Fiscalía de la AN, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y la Sala de lo Penal de la AN», recordaron.

Con algún matiz, perciben a estas instancias «ancladas en una posición de bloqueo de cualquier avance hacia la normalidad. Existe una cerrazón ante la posibilidad de que las personas presas puedan disfrutar de permisos; cerrazón, también, ante la posibilidad de que estas personas puedan progresar a este régimen de semilibertad; y cerrazón ante la posibilidad de que se recorten las penas como consecuencia de los beneficios penitenciarios a los que todo preso o presa tiene derecho».

También aquí aportaron números ilustrativos: «Como dato objetivo y atendiendo al tiempo cumplido en prisión, el 90% de los presos y presas vascos [unos 160] está en situación de disfrutar de permisos penitenciarios y, sin embargo, no más de 30 lo están haciendo. Lo mismo con las progresiones a tercer grado y a la semilibertad: unos 80 presos/as están en condiciones por el tiempo de privación de libertad cumplido, pero no más de 20 están en esta situación».

«Sería una ingenuidad interpretar que esta situación se debe a razones jurídicas. Esto se está haciendo desde el impulso político en los órganos judiciales y, tal como decíamos hace unos días, debido a que la Audiencia Nacional se ha convertido en el órgano jurídico de la extrema derecha política», expusieron los portavoces de Sare, que tildaron esta actuación de «cruel e ilegal», más aún cuando se opone a los dictámenes de las juntas de tratamiento «que conocen la evolución de los presos y presas vascos».

«Desde Sare debemos reconocer como positivo que, desde esta otra instancia, desde quienes están más cerca de estos presos/as, se hagan esfuerzos para evitar las nefastas consecuencias de la legislación de excepción. Legislación esta, que o es interpretada de manera radicalmente diferente o es derogada o hará imposible que algunas de estas personas salgan vivas a la calle», avisaron.

Determinación

Hicieron un último apunte para remarcar que «la gran mayoría de la sociedad vasca agradecerá la determinación de aquellas administraciones que trabajen en aras de la normalización y la convivencia».

Azkarraga y Atxa añadieron que «permanecer pasivos ante una legislación que impone condiciones draconianas para que estas personas vuelvan a la sociedad es una irresponsabilidad, sobre todo si se tiene en cuenta que hablamos de personas que ya han pagado quince, veinte, veinticinco y algunos más de 30 años de prisión, sometidos durante años a una política penitenciaria vulneradora de muchos de sus derechos».