Son sin duda llamativas las informaciones que nos llegan desde Iruñea y comarca referentes a los proyectos de construcción de viviendas. Solo en Etxabakoitz está aprobado un PSIS con 11.733 viviendas, en otro punto nos hablan de otras 2.000 más, vemos que en Barañain construyen varios cientos más y el número de grúas levantadas por doquier nos muestra la pujanza del sector de la construcción. Todo ello en plena crisis, con una inflación disparada y la subida desenfrenada de los tipos de interés.

Sin embargo, es una pena y una injusticia que la información sobre este tema se limite a hablarnos del número de nuevos pisos proyectados, despreocupándose de los problemas esenciales que tiene la ciudadanía para acceder a una vivienda. ¿Se han tenido en cuenta las nuevas familias y formas de vida? ¿Los problemas de vivienda en las zonas rurales? ¿La necesidad de viviendas con servicios comunes que tienen las personas mayores? ¿La urgencia de viviendas de alquiler que tienen los jóvenes y las familias que en esta crisis económica no pueden comprar ningún piso en propiedad, ni acceder a una hipoteca?

Si podemos estar hablando de cifras de miles de viviendas nuevas, y teniendo en cuenta la importancia del negocio, pienso que quienes están detrás de esos proyectos deberían explicarnos detalladamente cuál ha sido su exhaustivo trabajo sobre las necesidades sociales y en qué se han basado para abordar todos estos proyectos urbanísticos, porque afectan a toda la sociedad y a los municipios en los que se construyen.

Los planes de construcción de vivienda deberían ser mucho más que beneficios económicos para unos pocos. Tienen que atender las demandas y necesidades sociales, teniendo en cuenta que marcan y condicionan el futuro del lugar donde se edifica y que dependen de la autorización y los servicios de las entidades municipales y públicas que, al fin y al cabo, deben responder ante la ciudadanía. Porque nos deberían representar a todos y todas y las financiamos entre toda la ciudadanía.

Por tanto, las empresas promotoras, constructoras y las instituciones que les facilitan el camino tienen que aclarar qué estudios sociológicos y económicos han hecho sobre el tema que justifique esa necesidad de construir hasta 20.000 pisos nuevos, más allá del negocio que ello supone. Nos interesa saber la tipología de estas viviendas, teniendo en cuenta que hoy hay una gran necesidad de vivienda para albergar a una o dos personas, de 45 o 70 metros. Quizá preferirían tener viviendas de menos metros cuadrados y contar con mejores servicios de calefacción o comunidad.

Además, todas se concentran en la comarca de Pamplona sin tener en cuenta al resto de Nafarroa. En una intervención tan importante parece prioritario valorar la necesidad de vivienda en los pueblos con el fin de asentar a los jóvenes y evitar su despoblación. Así como edificios de apartamentos con servicios comunes que faciliten a personas mayores seguir viviendo en el entorno de siempre. También es necesario saber cuántas de estas viviendas van a ser en régimen de alquiler social, que facilite a los jóvenes y familias el acceso y solución al gran problema del alojamiento, tanto a los que hoy en día no pueden comprar una vivienda como a las numerosas personas y familias que viven en el umbral de la pobreza o se les niega sus derechos básicos porque vienen de fuera. La gente que más agobios pasa a la hora de abordar salidas a su situación de vivienda son aquellas personas que se emancipan o cambian de residencia. Es decir, jóvenes e inmigrantes. Pero lo que necesitan es acceso a un alojamiento y la forma de hacerlo es a través de la vivienda de alquiler. Todas ellas deberían ser tenidas en cuenta cuando se hace una proyección urbanística y de nueva vivienda.

En fin, urge presentar una oferta rica y variada que dé solución a un grave problema habitacional que tarde o temprano nos va a tocar enfrentar. Pero el primer tema a considerar es realizar un estudio de la necesidad de vivienda. Sin ese estudio es imposible dar un solo paso.

La Administración tiene plenas facultades para abordar el tema de la vivienda, y debe ser al servicio de la ciudadanía y sin más demora.