Sin sorpresas, porque el Ejecutivo empezó el día con la mayoría suficiente atada, pero con el broche del apoyo anunciado el último momento, como ya es tradición, por ERC, el Congreso aprobó los Presupuestos Generales del Estado para 2023, tras unas negociaciones en las que el Gabinete de Pedro Sánchez ha tenido que «sudar la camiseta», según expuso de forma gráfica la ministra de Hacienda y Función Pública.

María Jesús Montero dio las gracias a los grupos que han hecho posible la tramitación del proyecto presupuestario, que ha puesto de relieve la decisiva influencia del independentismo, cuyo concurso ha vuelto a ser imprescindible para sacar adelante en la Cámara Baja estas cuentas, que ahora deberán seguir el trámite legislativo en el Senado.

Es algo que ha ido afianzándose durante esta legislatura y que destacó ayer el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien declaró que «se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español, si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas, no lo sostenemos». «Sin vascos y catalanes independentistas de izquierda no hay Gobierno PSOE-Podemos en el Estado, y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas», expuso a Europa Press, donde defendió que el acuerdo alcanzado por la coalición «beneficia a las clases populares».

Lo cierto es que EH Bildu ha adquirido gran protagonismo durante toda la semana a raíz de unos acuerdos que, además de fijar el límite en la actualización de las rentas de alquiler en el 2%, y de mantener en el 15% el alza de las pensiones no contributivas, suma inversiones por más de 480 millones de euros en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria.

«Conseguir mejoras para la mayoría trabajadora»

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, dijo que están «muy satisfechos» con el acuerdo, pero rechazó que se le adjudique la categoría de socio preferente del Gobierno. «No se trata de ser socios preferentes, de lo que se trata y lo que nos mueve aquí es conseguir mejoras para la mayoría social trabajadora, y eso es lo que estamos haciendo y llevando a cabo, tampoco aspiramos a más de eso», señaló.

Ese acuerdo, sin embargo, escuece a los sectores más ultramontanos de la derecha española, que llevan días cargando contra la coalición y contra el Ejecutivo, esgrimiendo sobre todo la transferencia de la competencia de Tráfico en Nafarroa, que deberá cerrarse antes del 31 de marzo próximo.

Sobre este traspaso, Otegi recordó que lo único que supone es «cumplir la Ley», y acusó a la derecha española de usar «una estrategia de grandes titulares, que tensione a la gente, que persigue un clima emocional, y hacer pensar con las tripas y no con la cabeza».

Y como queriendo darle la razón, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo ayer que esta es una «reivindicación histórica de ETA y del nacionalismo», y supone «la antesala de la expulsión definitiva» de la Guardia Civil.

187 votos a favor

La votación propiamente dicha fue un mero -y largo- trámite, una vez que por la mañana el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, había anunciado que su grupo iba a apoyar los PGE. Según informó, a cambio de sus trece votos la formación republicana ha atado un importante número de inversiones en Catalunya, así como la paralización de los trabajos de media y alta tensión eléctrica en Girona, y la transferencia de terrenos donde hasta ahora había cuarteles de la Guardia Civil, entre otras medidas.

El proyecto sumó 187 apoyos, correspondientes a PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC, permitiendo, tras el trámite del Senado, que el Gobierno tenga un final de legislatura plácido. Al menos en lo que a sus cuentas se refiere.

El CGPJ, sin voz sobre la sedición

El consejero de Economía y Hacienda de Lakua, Pedro Azpiazu, dijo ayer tener la «sensación» de que ningún grupo de la oposición ha tenido realmente intención de llegar a acuerdos para apoyar los presupuestos elaborados por el Ejecutivo. «De una manera o de otra, todo el mundo se ha salido del marco de los presupuestos», lamentó en una entrevista concedida a Radio Euskadi, intentando devolver la pelota a unos grupos que, precisamente, le han reprochado falta de voluntad para llegar a acuerdos.

El martes pasado, tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos anunciaron que no iban a seguir con las reuniones con el Gobierno y que presentarán sendas enmiendas a la totalidad. Desde la coalición soberanista, Maddalen Iriarte argumentó su decisión de no seguir «estirando el chicle» por «respeto a la ciudadanía» y por la falta de cualquier avance en las propuestas de Lakua, mientras que Miren Gorrotxategi, de EP, valoró que «si algo ha caracterizado esta negociación es que no ha habido ninguna voluntad de negociar». Solo se mantenía abierta la puerta de PP+Cs, pero el propio Azpiazu dijo ayer que no pensaba que ese grupo estuviera «por la labor de llegar a ningún acuerdo». «Estuvimos con ellos antes de ayer -por el martes-, nos dijeron que ayer nos iban a decir algo, pero no nos han dicho nada», declaró.

El consejero recordó que hoy concluye el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y de enmiendas parciales, y aseguró desconocer si PP+Cs enmendarán a la totalidad los Presupuestos o registrarán enmiendas parciales. En todo caso, también destacó que el Ejecutivo cuenta con los votos de PNV y PSE, y que por tanto suma mayoría suficiente para aprobar las cuentas. I.B.

Azpiazu achaca falta de voluntad a la oposición

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se fracturó ayer en dos al acordar no pedir al Congreso informar sobre la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición, en una votación que se decidió por un solo voto.

Horas antes de que la Cámara acogiera el primer debate sobre el fin del delito de sedición en el Código Penal, con votación a viva voz a petición del PP, fuentes jurídicas citadas por Efe informaron de que nueve vocales habían votado contra la petición de los ocho vocales del sector conservador sobre si el CGPJ debe o no tener voz en la proposición de ley de ambos grupos parlamentarios. El vocal Wenceslao Olea habría votado en blanco.

En plena polémica política y mediática sobre este asunto, los conservadores sostenían en su petición que aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial solo obliga a recabar informe del CGPJ en anteproyectos de ley, «los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial» se sometan a pronunciamiento del Consejo, igualmente en el foco por el boicot del sector afín al PP a su renovación, tal como marca la ley.

Por la tarde, la sedición fue el último punto de un interminable orden del día en el pleno del Congreso de los Diputados. Los parlamentarios empezaron a debatir al filo de las 22.00 sobre la toma en consideración de la reforma del Código Penal, dentro de la cual se enmarca la propuesta de eliminar el delito de sedición y ampliar los delitos de desórdenes públicos. Al cierre de esta edición no se conocía aún el resultado de una votación que se realizó a mano alzada. GARA

SUBIRANISTEN ERAGINA ISLATU DUTE ESTATUKO AURREKONTUEK

Madrilgo Kongresuak Estatuko Aurrekontuei argi berdea eman zien atzo, Euskal Herriko eta Kataluniako indar subiranisten babesari esker. Eskuinak gogor kritikatu zuen babes hori, eta Arnaldo Otegik Estatuan gehiengo aurrerakoiak osatzeko independentista ezkertiarrak ezinbestekoak direla azpimarratu zuen. EAEn, ordea, ez da posible izan inolako akordiorik, eta Azpiazu sailburuak esan zuen oposizioaren borondate faltaren ondorio izan dela hori. Bitartean, Kongresuan sedizio delitua ezabatzeko lehen pausoa eman zuten.