La decisión de la Corte Suprema de negar el derecho del Parlamento escocés a legislar sobre un referéndum consultivo confirma la tendencia general a utilizar los tribunales para ahogar demandas democráticas legítimas. El Estado de Derecho formal se utiliza para desmontar la democracia, de la mano de una burocracia judicial dedicada a inhibir los derechos de la ciudadanía.

En su decisión, el tribunal asume la tesis del Gobierno británico, según la cual esta consulta afectaría a un asunto reservado a Londres porque un plebiscito «tendría importantes consecuencias políticas». Es decir, defienden el orden y la estabilidad, algo sorprendente si los garantes de esos valores son el partido tory, la corona del rey Charles o la City.

El Gobierno de Rishi Sunak ha demandado a los representantes de Escocia que trabajen por «las cosas que importan». Extraño, porque si decidir democráticamente el estatus de su país no fuese importante, los jueces no lo habrían prohibido. En Londres olvidan que el Brexit cambió totalmente las reglas del juego, porque la permanencia en la Unión Europea fue un elemento central de la campaña en favor de la Unión. En realidad, fue una amenaza constante.

También se obvia que la ciudadanía escocesa ha refrendado repetidas veces un mandato claro. El SNP se ha presentado con un programa abiertamente independentista y ha ganado los comicios una y otra vez. Ese es su mandato democrático, el que de un modo u otro deberán sacar adelante los líderes escoceses con Nicola Sturgeon a la cabeza.

Ser demócrata no es tan difícil

A pesar de que las encuestas le sonríen ante unas elecciones que podrían convertirse en plebiscitarias, aunque de cara a un futuro referéndum su postura podría ser determinante, el laborismo aparece desnortado de la mano de Keir Starmer. Algunos activistas e intelectuales no se han escondido. Por ejemplo, Owen Jones exponía claramente cuál debe ser la postura de la izquierda inglesa en este tema: no se puede negar a los y las escocesas el derecho a votar en referéndum. No importa que él mismo votaría que no a ser independiente en caso de ser escocés, «de la misma manera que no se puede negar el derecho al divorcio aunque no nos guste que la gente se separe». En su opinión, el Brexit y el mandato son suficientes para sostener este caso.

Sus contertulios intentaron debilitar los argumentos de Jones diciendo que esa doctrina podría abrir el paso a la independencia de cualquier ciudad o región sin necesidad de ser una nación, ante lo que Jones pidió seriedad, dijo que la autodeterminación compete a las naciones como Escocia, pero que en todo caso él seguiría defendiendo el derecho a separarse de cualquiera que lo demande democráticamente. De paso, recordaba su apoyo a la unión de Irlanda, una responsabilidad de los británicos por tratarse del último paso en la descolonización de la isla.

Ya tienen toda la razón, ahora les toca acertar

El fallo pretende dejar clara la primacía del poder metropolitano sobre la voluntad democrática de la ciudadanía escocesa. Además, al no establecer ninguna condición a Londres para que tome una decisión o negocie en base a los mandatos democráticos, la judicatura se pone al servicio la estrategia dilatadora y bloqueadora de los poderes británicos.

No hay debate sobre las razones escocesas, son inapelables. Otro tema es la estrategia y los tiempos. Como no se puede dudar de su determinación democrática e independentista, solo cabe esperar que acierten. Las sociedades escocesa e inglesa son cada vez más divergentes, y el tiempo que intenta ganar Londres puede ser el que necesite el independentismo para articular y decantar su mayoría.