El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, afirmó ayer que su Gobierno está satisfecho con el plan fijado por el Congreso para la segunda votación del proyecto de ley que propone adelantar las elecciones generales a abril de 2024, tras acudir por sorpresa a la sede del Legislativo para reunirse con el presidente de la Cámara, el derechista excomandante de las Fuerzas Armadas José Williams.

«Volvemos satisfechos con el cronograma que se ha establecido. Ahora sí recoge el alto sentido de urgencia que reclama la situación del país», declaró Otálora.

El hemiciclo peruano aprobó ya el 20 de diciembre la iniciativa legislativa que presentó el Ejecutivo de Dina Boluarte para celebrar comicios generales en abril de 2024, pero al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta debe ser aprobada en la siguiente legislatura. En esa línea, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el martes adelantar al 15 de febrero el inicio de la segunda legislatura del periodo parlamentario 2022-2023.

Esta decisión, que ahora debe ser ratificada por el pleno, allana el camino para la segunda votación del proyecto de adelanto electoral, una votación que «urge» en el convulsionado contexto social que vive el país, reclamó el primer ministro.

Las movilizaciones antigubernamentales en Perú, que ya suman más de 60 muertos,la gran mayoría por la represión policial y militar, exigen la renuncia de Boluarte y la disolución del Congreso, pero también un adelanto de elecciones para este 2023 sin esperar a 2024 y una Asamblea Constituyente.

Las protestas estallaron tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre en las regiones andinas del sur, zonas postergadas y de mayoría indígena donde el racismo y la desigualdad amplió la brecha social pese a dos décadas de bonanza económica en el país, y luego se extendieron a todo Perú.

Tras su encuentro con la mesa del Parlamento, Otárola anunció la decisión del Gobierno de otorgar un «bono especial» a la «heroica» y «gloriosa» Policía Nacional del Perú (PNP) por su labor durante las protestas.

Ayer, en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH), donde representantes de varios Estados deploraron el «uso excesivo de la fuerza» por parte de las autoridades, el ministro de Justicia, José Andrés Tello, dijo estar «convencido de que estamos actuando adecuadamente, en defensa de la democracia y los derechos humanos». No obstante, aseguró que el Gobierno investigará «posibles excesos» de las fuerzas de seguridad.

Boluarte intervino ayer de forma virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para trasladar su «relato» e instó a los «países amigos» -diferenciándolos de los que, según dijo la canciller peruana, Ana Gervasi, en la cumbre de la Celac, «no han acompañado» a Perú tras lo que calificó de «fallido autogolpe» de Castillo- a apoyar su propuesta de adelanto electoral, «la única salida pacífica» a la actual crisis. «Ayuden al Perú a encaminar su destino a través de elecciones libres», solicitó.

Nueva jornada nacional de protesta contra la represión

Perú se preparaba anoche para vivir una nueva jornada nacional de protesta contra la presidenta, Dina Boluarte, sobre todo en Lima, que el martes fue escenario de los choques más violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, tras la intervención policial para disolver la marcha con gases lacrimógenos y perdigones pese a la petición de «tregua» realizada por la presidenta. Se esperaba que miles de manifestantes de las regiones andinas pobres marcharan de nuevo por la capital para exigir la renuncia de Boluarte.

El Gobierno decretó el estado de sitio en la región de Puno. La región fue declarada en estado de emergencia por 30 días junto con Lima, Callao y Cuzco, el 15 de enero, y cuatro días después se sumó a Amazonas, La Libertad y Tacna.

Mientras, ayer se mantenía el bloqueo de 85 carreteras en nueve de las 25 regiones. Un bloqueo que está obstaculizando el intercambio de mercancías, sobre todo en las regiones del sur, lo está provocando desabastecimiento de combustible y alimentos y aumento de precios. GARA