El deslegitimado Congreso peruano lleva semanas deshojando la margarita de si convoca o no las elecciones este año, una de las exigencias de la revuelta popular que sacude Perú desde la destitución-encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre, sobre todo en la Sierra y en el sur.

Pero algo ha cambiado estos últimos días. El partido fujimorista y ultraderechista Fuerza Popular (24 escaños), segunda fuerza política, se ha sumado a la propuesta de adelantar los comicios, en principio previstos para 2024.

La formación que lidera la hija del dictador Alberto Fujimori aspira a vencer en los comicios. No en vano Keiko Fujimori perdió las presidenciales de 2021 frente a Castillo por 40.000 escasos votos. Y sigue sin reconocer su derrota.

Resultaría sangrante que el desenlace de la rebelión popular peruana fuera el triunfo de unos de los mayores responsables de la crisis que asola al país andino desde hace decenios, si no siglos. Una revuelta que historiadores locales comparan, salvando las distancias, con la Revolución de Arequipa de 1854 contra la corrupción gubernamental.

Aquella revuelta se saldó con unas elecciones constituyentes a una Convención Nacional por sufragio directo y «universal» -con comillas, porque entonces se negaban los derechos políticos a las mujeres-.

Es precisamente un proceso constituyente lo que exigen los manifestantes en las calles. Una propuesta que rechaza el Gobierno interino y la mayoría, derechista y/o políticamente rentista del Congreso.

Adelantar los comicios sin incluir la propuesta de una Asamblea Constituyente sería un atajo-trampa al que se opone Perú Libre, del presidente-prisionero Castillo, y sus aliados de izquierda, que tras las presidenciales conformaron la primera fuerza política parlamentaria (37 asientos) con esa propuesta en el eje de su campaña electoral.

No obstante, crece la presión tanto sobre ellos como sobre los partidos y congresistas que, por las mismas u otras razones -en no pocos casos por seguir lucrándose en el cargo-, rechazan el adelanto. Al tratarse de una reforma constitucional, se necesitan los votos de 87 de los 130 diputados.

Muchos de ellos llevan semanas haciendo cuentas, parlamentarias y pecuniarias. Las que no le salen a la mayor parte de los peruanos, de la Sierra, de la Costa o de la Selva.