La abogada del niño que espera un examen forense desde que el 9 de enero denunció una agresión sexual por parte de un familiar en Donostia incidió en que la prueba se pidió «desde el primer momento». «Cuando acudí a la comisaría lo primero que interesé es que el menor fuera visto por un forense a efectos de verificar un posible forzamiento y la existencia de posibles vestigios biológicos, además de posibles infecciones de transmisión sexual», señaló.

Según la denuncia, los hechos se habrían repetido durante dos años. El último de estos episodios habría tenido lugar la pasada Nochebuena. El auto, en el que la jueza de instrucción decretó el pasado 10 de enero las medidas cautelares bajo las que el hombre permanece en libertad provisional, indica que «el último acceso» al niño por parte del imputado «debió ser el 29 de diciembre» si bien, según contó el niño a su madre, en aquel momento el menor se habría apartado del investigado.

El mismo 10 de enero, la instructora solicitó al equipo sicosocial de los juzgados un informe de credibilidad y afectación sicológica del niño, sin una prueba de exploración forense como pidió su abogada.

Desde entonces, la letrada reclamó en al menos cuatro ocasiones más la práctica de esta prueba forense que aún no se ha llevado a cabo, ya que la instructora no la autorizó hasta el 30 de enero sin fijar una fecha concreta para ello.

Entre el 29 de diciembre, día en el que «pudo pasar el último incidente», y la denuncia no había transcurrido el plazo de quince días en los que se prevé que es posible que aún puedan detectarse vestigios biológicos del agresor en el cuerpo de la víctima.

«Es importante denunciar pero también el sentido común nos marca que es importante proteger a la persona que denuncia», destacó.