2013/11/12

La primera iniciativa legislativa municipal combatirá el recorte en urgencias rurales

Tras cuatro meses de un trabajo «de chinos» los pueblos del Pirineo navarro han conseguido que el 87% de los ayuntamientos de la Merindad de Zangoza respalden la primera Iniciativa Legislativa Municipal que se ejerce en Nafarroa. Su objetivo es blindar los servicios de urgencias rurales ante los recortes y mejorar la atención sanitaria en pueblos alejados.

Aritz INTXUSTA |IRUÑEA
P004_f03_100x100
La primera iniciativa legislativa municipal combatirá el recorte en urgencias rurales

Por primera vez en la historia, una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) va a llegar al Parlamento navarro. Esta es una figura propia de Nafarroa, que se recogió en el Fuero, pero que jamás se ha llevado a la práctica. Los requisitos eran que la iniciativa la apoyaran, al menos, un tercio de los ayuntamientos de una merindad y, además, que estos consistorios englobaran a más de la mitad de la población. Los promotores (los ayuntamientos pirenaicos) anunciaron ayer que han cumplido con creces con todos estos requisitos. Así, en breve presentarán su propuesta de ley al Parlamento y serán ellos mismos quienes la defiendan. El objetivo es que no se produzca ningún recorte en el servicio de urgencias en las zonas rurales como el que planteó la consejera Marta Vera y, es más, que se mejore lo que actualmente se tiene.

Los ayuntamientos de la Merindad de Zangoza han aprobado en masa esta ley, refrendándola a través de mociones. En total, van a respaldarla el 87%, que engloban a un 87,35% de la población. Actualmente, se han pronunciado 52 localidades y se sumarán otros cuatro (Gallipienzo, Tiebas, Izagaondoa y Urraulgoiti). Por contra, hay solo tres pueblos que han decidido no respaldarla: Cáseda, Irunberri y Noain. Asimismo, las localidades de Petilla, Xabier, Castillonuevo, Ibargoiti y Ezprogi se han negado a tratar la iniciativa. Los pueblos que no se han adherido están gobernados por mayoría absoluta por UPN o grupos afines. No obstante, los impulsores destacaron ayer que muchos representantes de UPN en el resto de pueblos han decidido apoyar las mociones.

La iniciativa legislativa municipal echó a andar en junio pasado y, tras cuatro meses de trabajo, los ayuntamientos se han ganado el derecho a tramitar la ley que les blinda ante los recortes por derecho propio. Parece que será la concejal Amparo Viñuales (Erronkari) la que la defienda ante la Cámara.

Recorrido parlamentario

La iniciativa es una ley completa, con su exposición de motivos y articulado. En principio, la Mesa del Parlamento tiene que admitir esta ILM, pero está prácticamente descartado que tumbe la propuesta y no la deje pasar al debate. Posteriormente, se tramitará como una ley más, es decir, está sujeta a las enmiendas de los distintos partidos. Por ello, los impulsores están buscando apoyos en otro ayuntamientos de fuera de su merindad. Aunque son innecesarios desde el punto de vista de la ILM, entienden que así la propuesta llegará a la Cámara con mayor fuerza. Por otro lado, sostienen que el articulado de la ley también afecta a otras localidades más allá de la merindad. Más de 20 municipios ya habrían respondido a su llamada.

«Esta iniciativa parte del conocimiento y de las necesidades de las zonas rurales, y los mínimos que plantea son estudiados, razonables y perfectamente asumibles», explicó Viñuales. La propuesta recoge el mantenimiento de las ambulancias y propone la compra de vehículos adaptados para la montaña, así como la creación de redes de transporte sanitario por zonas. También se incluyen condiciones en favor de los sanitarios «para facilitar su estabilidad y acceso a formación continua».

En el germen de esta iniciativa se encuentra la reforma sanitaria de las urgencias rurales que inició la consejera Marta Vera y que afectaba de forma muy grave a los pueblos pirenaicos. El Gobierno navarro legisló vía Decreto Ley, pero esta norma fue anulada cuando el Parlamento dictó una ley (que tiene mayor rango que el decreto) sobre el mismo asunto e impidiendo su aplicación. Actualmente, el Gobierno trabaja en una normativa nueva.

Emiten facturas de 160 euros por ser atendido en urgencias

Teresa Maura y Román Fernández del Arenal, integrantes de la coordinadora de ONG Harresiak Apurtuz, denunciaron ayer en el Parlamento la emisión de facturas en Osakidetza que tienen por objeto gravar la atención sanitaria que reciben las personas no aseguradas, como es el caso de los inmigrantes irregulares sin tarjeta de identificación sanitaria (TIS), y que pueden rondar los 160 euros por una consulta en Urgencias. Una cantidad que se incrementa si el paciente es sometido a pruebas complementarias o si necesita comprar medicinas, ya que deberá abonar el 100%.

Lakua dijo en octubre que las emiten, pero no las cobran. «Dicen que no tienen afán recaudatorio pero no las cancelan», lamentó Fernández del Arenal, que aprovechó su comparecencia ante la Comisión de Salud y Consumo de la Cámara de Gasteiz para poner sobre la mesa la difícil situación que viven los inmigrantes irregulares.

Su precaria situación se agrava si cuentan con unos ingresos superiores a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o llevan menos de un año empadronadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, dos condiciones que les dejan automáticamente excluidos del sistema sanitario, tal como dicta el decreto 114/2012. Cabe señalar que la citada norma, aprobada por el Gobierno de Patxi López, recoge una serie de excepciones, y reconoce el derecho a asistencia de las mujeres embarazadas y de los menores de 18 años. Con posterioridad, Lakua sumó a esta lista a las personas aquejadas de enfermedades infecciosas, como pueden ser el VIH o la tuberculosis. Pero estas excepciones no son suficientes para los miembros de Harresiak Apurtuz, que ayer remarcaron la necesidad de eliminar los condicionantes. Fernández del Arenal recordó el caso de una persona que no pudo recibir tratamiento siquiátrico en un centro de la CAV por no estar empadronado durante al menos un año. «El sistema es perverso y se ceba con las personas en riesgo de exclusión», concluyó.

Las formas. Los impulsores aseguran que los pueblos que no han respaldado la iniciativa afirman no compartir «las formas». Se entiende por tanto que en el contenido sí estarían de acuerdo. Ahora queda por ver cuál será la postura de los distintos partidos.