El debate sobre el camino para garantizar una vivienda digna se aviva en Nafarroa por dos frentes distintos. Por un lado, el Constitucional ha decidido suspender la ley para gravar las viviendas vacías e incluso la expropiación de pisos en poder de los bancos que aprobó el Gobierno navarro, pese a que contaba con los parabienes del Consejo de Nafarroa. De otro lado, el Gobierno insinúa en prensa que no expulsará a las familias que la PAH alojó en dos viviendas de camineros que son públicas y que el Gobierno navarro había dejado abandonadas. No obstante, GARA se puso ayer en contacto con miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y estos confirmaron que, de momento, no han recibido ninguna oferta oficial.

La semana pasada, la PAH entró en un bloque de viviendas del barrio iruindarra de Sanduzelai y comenzó a rehabilitar dos de los doce pisos abandonados. Desde el mismo día de la ocupación, entraron a vivir dos familias desahuciadas. La plataforma envió varias misivas formales al Gobierno emplazándole a que cumpla con la legalidad y haga efectivo el derecho a una vivienda digna. Tras unas primeras declaraciones en las que parecía que Fomento optaría por el desalojo, UPN anunció en prensa que estudia ceder los pisos en alquiler a cambio de la rehabilitación de los mismos. Una práctica que el Gobierno navarro ya emplea con ONG de raíz cristiana.

Fuentes de la PAH contaron ayer a este periódico que no han valorado esta posibilidad, dado que no ha habido notificación oficial. Ahora bien, sostienen que la acción lo que busca es que el Gobierno asuma sus responsabilidades y que la plataforma «no es ninguna inmobiliaria». Como punto de partida, la PAH exigía el cumplimiento de las leyes en la materia, incluida la que posteriormente fue anulada por el Constitucional.

Esta ley sobre vivienda suponía un enorme avance en la materia, dado que permitía la expropiación de viviendas vacías a los bancos. Los argumentos a los que se agarra Madrid para impedir su aplicación son meramente formales, como el reparte de competencias entre Nafarroa y el Estado o que algunos de los presupuestos que marca para determinar que una vivienda está vacía son tan solo «indicios».