Alberto PRADILLA

La Fiscalía asume el criterio del TS y pide excarcelar a otros 12 presos vascos

El fiscal de la Audiencia Nacional abogó ayer por excarcelar a los doce presos vascos y otra prisionera del GRAPO cuyos casos evaluará mañana la sala de lo penal. El Tribunal Constitucional decidirá cómo aplica la sentencia de Estrasburgo la semana que viene.

El acuerdo adoptado el martes por el Tribunal Supremo (TS) español, que instaba a acatar en su totalidad la sentencia de Estrasburgo que desactivó la «doctrina Parot», ya tiene su reflejo en los escritos de la Fiscalía. Una semana después de proponer un nuevo recuento con el que intentar alargar algunas condenas, el Ministerio Público abogó ayer por asumir la excarcelación de los doce presos vascos y la prisionera del GRAPO cuyos casos serán evaluados mañana por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El pleno del tribunal especial (por un margen de nueve a ocho roto por su presidente, Fernando Grande-Marlaska) ya ordenó hace seis días la liberación de otros nueve prisioneros sin esperar al máximo órgano de la magistratura española. Una decisión que luego fue refrendada por el TS.

En sus textos, uno por cada uno de los trece recursos que se analizarán mañana, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, asume que los presos entran dentro de los supuestos establecidos por el Supremo, por lo que insta a la sala a acordar su puesta en libertad. De este modo, queda fuera su pretensión de establecer un nuevo recuento. También elude la maniobra apuntada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en una carta a la AVT, sobre la posibilidad de que los presos tuviesen que efectuar un recurso de revisión (apelación que se realiza después de una sentencia firme y que solo estudia el Alto Tribunal). Tras el mayoritario acuerdo del TS (adoptado por doce a cuatro), y así lo reconoce el Ministerio Público, solo cabe aplicar las redenciones del modo en el que se hacía antes de 2006, cuando se impuso el alargamiento artificial de las penas.

Las maniobras para retrasar las excarcelaciones también aparecen en el voto particular de los ocho magistrados que el pasado viernes se opusieron a las nueve excarcelaciones. En el escrito, emitido por Ángel Hurtado, no se pone en cuestión la obligatoriedad del cumplimiento del fallo de Estrasburgo pero sí que plantea dudas sobre a quién le corresponde la ejecución. Un debate jurídico que ha quedado atrás después de que el TS determinase que serán los tribunales sentenciadores (la Audiencia Nacional en el caso de los presos vascos) quienes lleven a la práctica el mandato de los jueces europeos. No obstante, y ante las diferentes interpretaciones, el Alto Tribunal sí que apeló al Congreso a diseñar un protocolo que defina claramente quién tiene que hacer efectivas futuras sentencias de los magistrados europeos.

El TC comienza el martes

Tras la reunión que la AN celebrará mañana llegará el turno del Tribunal Constitucional, que tiene previsto abordar el recurso de Iñaki Fernández de Larrinoa durante el pleno que celebrará entre martes, miércoles y jueves de la semana próxima. Según fuentes del TC, los 12 magistrados establecerán un criterio general sobre cómo aplicar la doctrina de Estrasburgo que luego llevarán a los otros 17 casos que tienen pendiente de sentencia. A estos se le suman otras 13 apelaciones pendientes de ser admitidas.

La Audiencia Nacional ya avisó de que no se pronunciaría sobre casos que estuviesen sobre la mesa de otras instancias, por lo que habrá que esperar al martes para saber qué dice el Constitucional, que no solo puede instar a la excarcelación, sino que además determina si se vulneraron derechos fundamentales. No obstante, se trata de cuestiones procedimentales. Los que sí ha quedado claro es que los 56 presos que presentaron alegaciones por el alargamiento artificial de sus penas tendrán que ser excarcelados.

Quiroga trata de acercar a las instituciones a las tesis del PP

«La resolución de Estrasburgo es una realidad a la que debemos responder desde el compromiso con la democracia en el País Vasco. Ahora le corresponde hablar a la política, no valen los silencios ni ponerse de perfil», aseguró ayer la presidenta del PP en la CAV, Arantza Quiroga, quien anunció un plan para intentar que las instituciones vascas se sumen al discurso del PP acerca de las excarcelaciones decretadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). «Ya ha llegado 2013 y pensábamos que no iban a salir nunca. Están saliendo sin haberse arrepentido y ¿las instituciones no van a decir nada, aquí no pasa nada?», afirmó, sin dar más pistas sobre qué pedirá al lehendakari, Iñigo Urkullu, ante quien tiene previsto presentar un plan.

Frente a esta posición se situó Pernando Barrena (Sortu), quien defendió «la realidad que mira hacia el futuro». «Que el TEDH haya dejado sin efecto la aplicación de la `doctrina Parot', es una decisión que viene a reconocer los pasos que está dandola sociedad», señaló Barrena no quiso entrar en «conflictos jurisdiccionales» sobre los debates entre Audiencia Nacional y TS acerca de quién tiene que aplicar el fallo. GARA